Los labriegos dicen que no sienten protección del Estado frente a sus planes de futuro.
La Procuraduría General de la Nación vigilará los compromisos del Gobierno con el campesinado del país, encaminados a establecer la ruta para crear una política publica a su favor.
El procurador General, Fernando Carrillo, dijo que el país debe cambiar el chip respecto a cómo es el ideal del campesino.
“Ha habido un gran olvido del Estado. El campo a estado condenado a la pobreza, a la discriminación y a la estigmatización (…) debemos luchar por los derechos de los campesinos como un elemento fundamental”, dijo el jefe del Ministerio Público.
En medio de una audiencia pública que se llevó a cabo en julio, entre representantes del campesinado, el Gobierno y la Procuraduría, quedó al descubierto las necesidades de esta población rural.
Principalmente, las problemáticas se centran en el déficit u obstáculos que el campesino enfrenta todos los días sobre el acceso a la propiedad, a los créditos del Gobierno y a la tecnología agraria que se encrudece por la falta de una reforma rural integral, según dice el procurador Carrillo.
“A los territorios rurales no puede seguir llegando la fuerza pública como única representación del Estado. Se requiere una presencia integral que incluya escuelas, salud y justicia. Por eso, la Procuraduría trabaja en un proyecto de ley de acceso a la justicia local, rural y básica”, señaló el procurador Carillo.
Entre las exigencias del campesinado al Gobierno esta adoptar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado; crear una comisión que haga seguimiento a los compromisos trazados; avanzar en las declaraciones de las Zonas de Reserva Campesina y aplicar acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos.