Tras visitar el país, un experto independiente señala que la creciente presión sobre los recursos naturales hace que los defensores y defensoras de derechos humanos corran un gran riesgo de verse afectados por agentes no estatales, como empresas y redes delictivas.
La defensa del territorio y sus recursos les ha costado la vida a distintos activistas ambientales; ellos murieron en una lucha que es de todos.
Los recursos del medioambiente no son los únicos en riesgo. En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han asesinado alrededor de 12 activistas, entre ellos ambientales, en estados como Michoacán, Puebla, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, etcétera.
Ayer, al promediar las nueve de la noche, y luego de más de ocho años de un proceso lleno de cuestionamientos, el Poder Judicial dictó sentencia absolutoria a favor de diez y defensores del territorio y derechos humanos de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, que fueron denunciados por la minera Anabi S.A.C. en el 2011.
Por Olga Rendón
“¿Usted sabe lo que significa esto?”, pregunta Claudia Cristina Piedrahíta, con el título de propiedad de su parcela en la mano. “Pasé de no tener nada a tenerlo todo. Se acabó la angustia de que algún día alguien quiera sacarme de aquí”, se responde.
Con la amenaza de privarlos de su libertad, el crimen organizado despojó de su tierra a por lo menos diez campesinos veracruzanos; alertó Moisés Reyes Fausto, secretario general de la Central Campesina Cardenista en Veracruz.
El cuerpo de la víctima fue hallado con signos de violencia en el departamento Colón, ubicado en el norte de Honduras.
Un nuevo asesinato contra un líder campesino fue denunciado en Honduras. La víctima fue identificada como Marcos Tulio Cruz Cruz, quien era un campesino vinculado con procesos de recuperación de recuperación de tierras y víctima de desalojo violento.
El dirigente de los interculturales o colonos Wilson Cáceres dijo que no tienen miedo a los cívicos y advirtió: "si quieren convulsión, la van a tener”. El líder cívico Luis Fernando Camacho explicó que se hará el desalojo en coordinación con el pueblo.
La impunidad en los ataques contra estas activistas supera el 90% en un país en el que, según denuncia una de las defensoras, “una vaca tiene más derechos que una mujer”.
