Lisseth Escalante es dueña de una manzana de tierra en San Juan de las Pencas, Chinandega. En su terreno siembra por temporadas maíz, ajonjolí y sorgo, pero no fue sino hasta hace un año cuando su madre le heredara en vida que este acceso a la tierra se hizo una realidad. “Antes me tocaba sembrar a medias con ella o si no se podía, tenía que alquilar”, cuenta.

La tierra no es solo un recurso económico, sino también un factor importante en la creación de la identidad individual y colectiva, un elemento clave para la organización de la vida social, religiosa y cultural así como un medio político. El acceso a la tierra aumenta el poder de las mujeres en sus hogares y organizaciones, a la vez que aumenta su bienestar y reduce su vulnerabilidad.

La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) afirma que para erradicar el hambre en América Latina y el Caribe es imprescindible que las mujeres de las comunidades rurales tengan mayor acceso a la tierra.

Para las sociedades agrarias, la tierra no es sólo un medio de producción , sino un elemento cargado de significados y valoraciones que define a los individuos, da sentido a su forma particular de existencia y los vincula con un entorno cultural determinado. La tierra es a la vez signo y referente de un conjunto de relaciones sociales que involucra pertenencia y lugar en una estructura social: su posesión puede implicar prestigio y poder sobre otros, y su carencia puede representar subordinación y vulnerabilidad.

Los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres. Los derechos de acceso y dominio sobre la tierra, la vivienda y la propiedad son factores decisivos para las condiciones de vida de la mujer, especialmente en las economías rurales, son fundamentales para la supervivencia diaria de las mujeres y sus hijos, así como para su seguridad física y económica.

Actualmente, más de 200,000 mujeres están vinculadas al sector agropecuario. La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que agrupa a pequeños productores privados, reveló que 12,102 mujeres eran propietarias de tierras en 2012 y constituían 11% del total de dueños.

En el ultimo boletín de la Minga Informativa Centroamericana de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC) y la Vía Campesina se presenta la situación de mujeres, el acceso y lucha por la tierra en la región.

En esta publicación se recogen cuatro estudios sobre los planes nacionales de igualdad de género a la luz de los compromisos y acuerdos regionales e internacionales en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Guatemala y Uruguay. Para el análisis se utilizaron los indicadores adoptados por el Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe , a partir de tres dimensiones de la autonomía: física, en la toma de decisiones y económica.

"El presente trabajo surgió como una propuesta conjunta durante los encuentros propiciados por FAU- AL, donde se identificó por un lado, la deficiencia generalizada en cuanto a los mecanismos para la participación efectiva de las mujeres; y por otro lado, la necesidad de reconocer su papel fundamental en el impulso de consultas populares, comunitarias y autónomas y en la exigencia de la consulta previa, libre e informada, en el marco de la defensa de los territorios frente al extractivismo". (Pág. 6)

Lo que representa una amenaza al derecho a la alimentación de la población rural en general, afecta especialmente a las mujeres y niñas. Entre las causas del alto porcentaje de mujeres entre la población hambrienta se destacan: Las prácticas discriminatorias y las exclusiones y explotaciones en varios ámbitos, como por ejemplo en el acceso y las condiciones de trabajo, el acceso y seguridad de la propiedad y/o la toma de propias decisiones.

El derecho de las mujeres campesinas indígenas del Gran Chaco a acceder a los recursos naturales.

"Debido a la magnitud de los poderes en juego que cuestionan y desestabilizan con sus luchas, las mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente son uno de los grupos de defensores en mayor riesgo. Las agresiones y la criminalización de la que son objeto revisten formas particulares basadas en su condición de mujeres, intersectadas con otras formas de discriminación, y además les impactan de manera diferenciada" (Pág. 3).