En el año 1985, Bolivia vivió, después de la promulgación del DS 21060, el cierre de las minas estatales y el despido de más de 30 mil mineros que, junto con sus familias, debieron buscar otro lugar para (sobre)vivir. Si bien muchos de ellos pudieron negociar beneficios laborales “extralegales”, aquellos expulsados de minas privadas no contaron con este apoyo. La diáspora minera pobló las principales ciudades y áreas de expansión agrícola como Chapare, Caranavi, Alto Beni, aunque muchos de ellos volvieron a ser mineros, organizados en cooperativas.

En estos momentos, estamos asistiendo, desde hace varios meses, a los antecedentes de una futura “relocalización”, entendida como volver a localizar, a encontrar otro lugar para vivir, tal vez una “tierra sin mal”, otra “casa grande”, debido a los incendios que llegan ya a casi 8 millones de hectáreas (en este momento).

El origen se puede encontrar en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2020 – 2025 (PDES 20-25), que pone como bases del desarrollo nacional a la agroindustria y a la explotación minera. Para cumplirlo, desde el año 2019 se viene implementando un paquete de leyes y decretos enfocados en expandir la frontera agrícola y la ganadería vacuna a partir de la autorización de desmontes y quemas o chaqueos.

Ya el año 2013, la Ley 337 permitió el desmonte de predios. El año 2014, la Ley 502 amplió el plazo para suscribirse al programa de producción de alimentos y estableció sanciones administrativas para pequeñas y medianas propiedades por quemas ilegales. En 2015, la Ley 741 permitió el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades comunitarias y pequeñas para actividades agropecuarias, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, lo que ocasionó el desmonte de 460.000 hectáreas entre 2015 y 2022, mientras que la superficie cultivada para productos alimenticios sólo alcanzó a 40.800 hectáreas. 

El año 2018, la Ley 1098 ordenó la ampliación de cultivos destinados a la producción de alcohol anhidro y biodiésel. El 2019 se dictó la Ley 1171, que perdonó multas por quemas realizadas sin autorización, dejando en la impunidad estos delitos e impulsando lo que observamos ahora, quemas indiscriminadas, destructivas.

Estas leyes fueron complementadas por dos decretos supremos promulgados el año 2019: el DS 3973 que autoriza el desmonte de bosques en el Beni y Santa Cruz para actividades agropecuarias y el DS 26075, que determina la ampliación para el sector agroindustrial en áreas de bosque.

Pero, aparte de la normativa que impulsa esta destrucción, existe un dejar hacer por el actual gobierno, una debilidad institucional de los operadores de justicia, caracterizada por su laxitud, lentitud y poca efectividad para detener las quemas y desmontes, los avasallamientos de tierras, los actos criminales que, a título de “ser beneficiarios de dotación de tierras”, se vienen realizando en estas regiones ya hace varios años y que, frente a lo cual, de nada ha servido la resistencia pacífica en las comunidades, la cobertura de la prensa o las denuncias repetidas, repetidamente ignoradas.  Más bien la impunidad crece con la presencia de grupos violentos y armados que protagonizan emboscadas contra comisiones de entidades estatales y contra la prensa que realizan acciones de fiscalización en áreas protegidas, TCOs y tierras privadas; y que no abandonan los asentamientos pese a que reconocen que su presencia es ilegal.

Ante la anomia estatal, frente a las normas que no son respetadas y cuando el Estado ha perdido su capacidad de control, no es extraño que, en este septiembre, ya se llegue a cerca de 8 millones de hectáreas devastadas; de las que, indica el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jhonny Rojas: “el 50% de los daños se dan en las áreas protegidas, como el parque Otuquis, Bajo Paraguá, el ANMI San Matías, el parque Noel Kempff Mercado y otros pulmones verdes”. Los municipios más afectados son los de San Rafael, Concepción, San Ignacio de Velasco, y Ascensión de Guarayos de fuerte presencia indígena, dejando un rastro de destrucción en los medios de vida de la población campesina indígena, que no tiene otros recursos que la tierra y la pequeña producción.

Los millones de hectáreas quemadas no sólo significan el ecocidio de especies animales y vegetales que han tomado los titulares de los periódicos en estos meses; tienen una consecuencia inevitable y un fuerte impacto sobre el sistema de vida de los pueblos campesinos indígenas que los pueblan y, éste es el tema central que está pasando desapercibido: el fuego está quemando viviendas, cultivos, infraestructura social, productiva, contaminando el agua, haciendo imposible la continuidad de la vida y determinando que la solución sea llevarlos a otro lugar, a otra localidad, a relocalizarlos. 

El cacique de Makanaté, Ignacio Mencarí, lloró de impotencia, al observar cómo el fuego arrasó con las plantaciones de café y cítricos y reclamó porque la ayuda nunca llegó. “Llevamos meses, día y noche trabajando, nunca pararon a ayudarnos. Ahora ya no tenemos nada, tanto querer salvar nuestro café y nuestros cítricos. Nunca nos atendieron. Ahora nos quieren evacuar a Concepción, pero ya ¿para qué? Si ni aquí, clamando por ayuda, nos atendieron”, lamentó Mencarí quebrado por la impotencia de haberlo perdido todo. (El Deber, 27 de septiembre de 2024)

El sistema de vida en estas regiones, de delicado equilibrio entre el accionar de los seres humanos (comunidades) y la naturaleza (territorio) viene sufriendo rudos cambios en estos últimos años. El afianzamiento del modelo extractivo basado en la agroindustria, la voluntad política de ampliar los cultivos, no de alimentos, sino de materia prima para combustibles y la ganadería vacuna, hacen que queden al margen las iniciativas de tener sistemas productivos sustentables, la protección y conservación de los recursos naturales: agua, madera, frutos del bosque; factores todos de una mirada sostenible de desarrollo y una gestión integral de los recursos naturales.

En estas regiones se han hecho muchos esfuerzos para que la población campesina indígena puede tener una vida digna a través del manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques, de una gestión adecuada de los recursos hídricos, de impulsar huertos comunales para mejorar la nutrición, y de sistemas agroforestales para generar excedentes con los cuales mejorar la economía familiar. Todos estos esfuerzos se están convirtiendo en cenizas y humo.

Frente a ello, no se observan reacciones ni propuestas. Ante la indiferencia general y casi ninguna cobertura mediática, una pequeña y pacífica marcha de indígenas chiquitanos y guarayos ingresó a Santa Cruz de la Sierra el 24 de septiembre en protesta por los incendios y la crisis ambiental. Roxana Cuasase, comunaria y autoridad comunal de San Lorenzo Nuevo, relató al periódico El Deber cómo el fuego, avivado por los vientos, rodeó la comunidad, quemó la casa comunal y alcanzó a una vivienda. “Mi comunidad ha quedado destruida, entera”...

Por el contrario, lo que se observa es el interés de sectores carroñeros: cazadores (no tan furtivos) que matan a los animales del monte que huyen del fuego y que tienen algún valor comercial, como carne, colmillos, pieles; los carboneros que recogen a manos llenas lo que queda de los árboles quemados, pero sobre todo los sectores interesados en aprovechar la destrucción del bosque para convertirlo en tierra negociable primero y de producción agroindustrial después.

Hay comunidades que resisten y sin abandonar la comunidad se refugian en sectores seguros, pero la evacuación de 58 personas, entre niños, adultos mayores y mujeres de la comunidad Monte Verde hacia Concepción y su instalación en la casa comunal, parece ser el inicio de un camino sin retorno si no se activa todo un plan de reconstrucción de estas comunidades, de viviendas, cultivos y ganadería. Y, sobre todo, si no se derogan las normas incendiarias, si no se efectiviza una pausa ambiental y sobre todo no se ponen límites fuertes a la comercialización de estas tierras en favor de sectores que impulsan la agroindustria y los sectores especuladores de la tierra.

Al cierre del artículo, luego de tres meses de ver arder la Amazonía y la Chiquitanía, el gobierno ha decretado desastre nacional y solicitado cooperación internacional. Es de esperar que se pueda iniciar procesos de reconstrucción en las comunidades campesinas indígenas, de prevención de incendios y sobre todo que se pueda sentar precedentes para castigar quemas que tienen como fin especular con la tierra. Para ello esperamos que se ponga en práctica la pausa ambiental y también la prohibición de poner en venta la tierra arrasada.

Además, se ha enviado otro proyecto de ley al Legislativo para que se eleve a rango de Ley el Decreto Supremo 5225, que declara pausa ambiental ecológica en el país, y que aumenta los años de no disponibilidad de las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios de cinco a diez años… ¿Y, los territorios indígenas?

Blog publicado en el sitio web de Fundación Tierra