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Este informe presenta los hallazgos de la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de Yanacocha (la «Misión»), realizada entre agosto de 2015 y marzo de 2016. A la Misión se le encargó examinar un conflicto entre una empresa minera aurífera multinacional y una familia campesina local en un área alto andina del norte del Perú. En la raíz del conflicto se encuentra una disputa sobre una parcela de tierra denominada «Tragadero Grande». Ubicada dentro de la Comunidad Campesina de Sorochuco, Tragadero Grande se encuentra dentro de un proyecto minero multimillonario planificado denominado «Conga». Tanto la familia como la empresa reclaman distintos derechos para tener acceso a la parcela de tierra y utilizarla. Desde mayo de 2011, la disputa de tierras se convirtió en un conflicto entre varias partes que comprende intentos de desalojo, la defensa corporativa de la posesión, numerosos casos judiciales y apelaciones, y acusaciones de violaciones de derechos humanos.
Las principales partes del conflicto son la familia Chaupe y Minera Yanacocha. Newmont Mining Corporation («Newmont») es el accionista mayoritario de Minera Yanacocha y el operador de la mina Yanacocha. Buenaventura, la mayor empresa minera cotizada en la bolsa del Perú, es el otro accionista mayoritario y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial («IFC») tiene una participación minoritaria. Otras partes involucradas en el conflicto incluyen a una organización no gubernamental de Cajamarca («ONG») GRUFIDES, como defensora de la familia Chaupe, el proveedor de seguridad privada de Minera Yanacocha, SECURITAS, e instituciones gubernamentales, incluida la Policía Nacional del Perú, (la «Policía») y el poder judicial. Minas Conga es otra parte significativa ya que es la entidad corporativa que le compró Tragadero Grande a la Comunidad Campesina de Sorochuco a mediados de la década de los 90. Minera Yanacocha adquirió Minas Conga en 2001 y con ella a Tragadero Grande. Minas Conga ya no existe como una entidad corporativa.
Newmont inició la Misión en respuesta a persistentes acusaciones por parte de la familia y de ONG locales, nacionales e internacionales con respecto a las cuales Minera Yanacocha había estado implicada en violaciones de derechos humanos como parte de la disputa de tierras. Con relación a estas acusaciones, se han planteado diferentes preguntas acerca del cumplimiento de Minera Yanacocha de las normas de derechos humanos internacionales a las que se suscribe Newmont. Un Director independiente fue designado para dirigir la Misión, bajo la supervisión de RESOLVE, organización sin fines de lucro dedicada a la construcción del consenso multisectorial. Newmont financió las actividades de la Misión con todos los fondos del proyecto transferidos a RESOLVE.