• Mongabay Latam recorrió los resguardos Barrancón y Caño La Sal en los departamentos de Guaviare y Meta. En este especial periodístico se evidencian las constantes amenazas a las que se enfrentan y cómo los Jiw ya no solo son víctimas del conflicto armado.
• La palma, la coca, la ganadería y la deforestación son nuevas amenazas que tienen a este pueblo en riesgo de desaparecer. Una década después de que la Corte Constitucional alertara sobre su posible exterminio, poco se ha hecho por evitarlo.

Por: por Antonio José Paz Cardona

La Corte Constitucional de Colombia advirtió sobre el riesgo de exterminio de algunos pueblos indígenas por el desplazamiento o muerte violenta de sus integrantes. En un extenso documento, publicado hace ya 10 años, el alto tribunal indicó que 34 grupos estaban en riesgo de desaparecer —cultural o físicamente—  principalmente por el conflicto armado interno. “Han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos, y del Derecho Internacional Humanitario”.

El documento destacaba también la vulnerabilidad de los pueblos indígenas en la lucha por la recuperación legal de sus tierras. La titulación formal y la constitución de resguardos no son una garantía de seguridad para las comunidades y, de hecho, sus territorios, sean o no parte de resguardos, “son apropiados por grupos armados ilegales, delincuentes/narcotraficantes, colonos, y agentes movidos por intereses económicos”.

Los Jiw, antes conocidos como guayaberos, son uno de estos pueblos indígenas que se encuentran en inminente peligro. Aún hoy, 10 años después de que la Corte Constitucional se pronunciara, su situación sigue siendo igual de preocupante y las amenazas siguen siendo las mismas, “riesgo de desplazamiento, confinamiento […] disminución progresiva de la población, altos índices de morbi-mortalidad, afectación de la integridad étnica por conflicto armado, inexistencia de presencia institucional, no tienen condiciones para la sedentarización”, indica la justicia colombiana.

Décadas de atropellos

 

Más de 2200 indígenas vivían en casas de palo alrededor del río Guaviare y sus principales afluentes. Se distribuían en los resguardos Barrancón, La María, La Fuga, Barranco Colorado, Barranco Ceiba, Mocuare y Caño La Sal; y en tres municipios, Mapiripán y Puerto Concordia en Meta, y San José del Guaviare en Guaviare.

En 2011 se hablaba de que más de 1000 indígenas jiw que habitaban las riberas del río Guaviare habían huido de sus tierras. La gobernación del departamento del Meta indicaba, en ese momento, que el 60 % de los indígenas habían sido desplazados.

La guerra que entonces se vivía en el sur del Meta y en Guaviare era de enormes proporciones. Incluso, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tenía bloqueado el tránsito por el río Guaviare desde el 2010, lo que impedía la entrada a las autoridades y entidades humanitarias. Los Jiw que no huyeron, quedaron acorralados en su propio territorio.

El portal Verdad Abierta reportó, hace algunos años, cómo este pueblo indígena —uno de los últimos seminómadas del país— sufrió 17 desplazamientos forzados en solo 14 años (1997-2011).  San José del Guaviare, Mapiripán y Puerto Concordia ya eran corredores de movilidad y tráfico de drogas de las Farc, y en 1997 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) incursionaron en la región para disputarle el monopolio de la coca a esta guerrilla. Fue ahí cuando todo se complicó.

 

El documento La Situación Actual del Pueblo Jiw elaborado por CODHES, la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Guaviare, ACNUR y el Secretariado Regional de Pastoral Social Sur Oriente hace un recuento de los duros episodios de guerra que vivió esta comunidad indígena.

En 1997, los paramilitares del Bloque Centauros perpetraron la masacre de Mapiripán, la cual desató una historia de persecuciones, desplazamientos y amenazas contra los Jiw. Los sobrevivientes tuvieron que huir.

Tras este episodio, el frente 44 de las Farc liderado por alias ‘Jhon Eider’, incursionó en los resguardos Barranco Colorado y Mocuare amenazando con reclutar o asesinar a los capitanes indígenas.

Entre el 2000 y el 2001 se presentaron dos desplazamientos de ocho familias jiw hacia el resguardo Barrancón, una región que parecía segura pues se había instalado allí una base militar de entrenamientos especiales para combatir al narcotráfico y la guerrilla.

Entre el 2002 y el 2005 aumentaron las peleas entre el Bloque Centauros y el Frente primero de las Farc. Nuevamente los jiw de Mocuare huyeron por amenazas y asesinatos de sus líderes. El resguardo Barrancón fue el destino de las comunidades.

Cuando los paramilitares se desmovilizaron, los jiw pensaron que podían regresar a sus tierras pero la esperanza duró poco. Algunos de los desmovilizados crearon el Ejército revolucionario popular antiterrorista (Erpac) y surgieron nuevas bandas criminales como ‘Los cuchillos’.

La guerra continuó y, entre 2006 y 2008, se dieron siete desplazamientos más. Además de las presiones y amenazas, el frente 44 de las Farc sembró minas alrededor de los territorios indígenas.

En 2010, 123 familias del resguardo Mocuare tuvieron que huir por los intensos y frecuentes combates entre guerrilla y la Fuerza Pública. En septiembre de 2011, 79 indígenas del resguardo Caño La Sal, 39 de los cuales eran menores de edad, se vieron obligados a buscar refugio en el Centro Cultural de San José, donde vivieron casi dos años.

 

Nuevas amenazas

 

Mongabay Latam viajó hasta los resguardos Barrancón y Caño La Sal, donde pudo constatar que, a pesar de la desmovilización de gran parte de los guerrilleros de las Farc a finales de 2016, los territorios Jiw siguen siendo parte de las apetecidas rutas del narcotráfico que se disputan los grupos criminales.

A esto se suman nuevas amenazas como la ampliación de la frontera agrícola con cultivos como la palma de aceite, la deforestación, la toma de territorios para ganadería y las peleas por la tierra con colonos que han invadido sus territorios en medio de un fenómeno de acaparamiento de tierras que cada vez toma más fuerza.

“La realidad de los hermanos Jiw no está muy lejos de la que viven los otros 106 pueblos indígenas que habitamos en Colombia. Estamos acorralados por el narcotráfico, la confrontación armada en los territorios y por políticas altamente regresivas que ahondan en el extractivismo y ponen en riesgo la pervivencia cultural, física y territorial de los pueblos”, le dice el senador indígena Feliciano Valencia a Mongabay Latam.

A Valencia le preocupa cómo los indígenas tienen que acudir a la mendicidad o rebuscarse la comida en los basureros y en los semáforos de las grandes ciudades, expulsados por el acorralamiento que se da en sus territorios. Según dice, el Estado no tiene unos planes de contingencia ni de retorno dignos. “Cuando han retornado, los han matado en los territorios porque los actores de la guerra permanecen ahí”, recalca.

Un investigador que trabaja en los departamentos de Guaviare y Meta, que pidió la reserva de su nombre por temor a represalias en su contra, le contó a Mongabay Latam que el impacto psicosocial que ha dejado la violencia es tan fuerte que muchas veces, cuando se desplazaba por carretera en la noche, encontraba a los jiw caminando amarrados con cadenas. “Ellos reproducen todo el dolor psicológico de lo que vieron y sufrieron de esa época en la que las Farc comandaban en sus territorios. A ellos les impactó tanto el tema del secuestro que, por ejemplo, en uno de los resguardos tuvieron durante muchos años una réplica de un campamento de las Farc, con alambre de púas y todo”, dice.

Además de su desplazamiento en 2011, los indígenas de Caño La Sal también huyeron masivamente de sus tierras en 2015. Más de 380 personas llegaron hasta la cabecera urbana de Puerto Concordia, donde vivieron durante casi dos años en una casa municipal. Solo en 2017 decidieron volver a su territorio.

Hoy su resguardo está rodeado de palma y aseguran que las fuentes de agua se han secado. Además, varias familias campesinas se han apoderado de casi 700 hectáreas ancestrales, pero las autoridades todavía no han dirimido este conflicto. Por extraño que parezca, dichas familias tienen títulos de propiedad dentro del resguardo.

Por su parte, el resguardo Barrancón pide más tierras pues ha sido el principal receptor de indígenas jiw desplazados. El batallón militar hizo que este territorio fuera considerado el más seguro pero las comunidades han sido víctimas de las municiones, pues este campo de entrenamiento se encuentra al lado de sus casas y las tierras donde cultivan. Además, el batallón fluvial de Infantería de Marina, también al lado de su territorio, les ha impedido pescar y usar el río como tradicionalmente lo han hecho.

Los reportajes que integran este especial periodístico muestran cómo este pueblo indígena enfrenta enormes amenazas que lo podrían llevar a la desaparición. Tienen miedo y así lo han expresado. El Plan de salvaguarda para esta comunidad no se ha creado y Delver Ramírez, de la Secretaría de Gobierno de Guaviare, cuestiona que el Ministerio del Interior no lo haya hecho, tal como lo ordenó la Corte Constitucional. “Van 10 años desde que se emitió la orden y nada ha pasado. Hicieron un borrador, pero los indígenas manifestaron que no se sentían identificados, entonces no hay nada”, cuenta.

Los jiw no tienen educación, ni salud, ni servicios básicos. Lo único que tienen cerca es el fantasma del exterminio si no se toman acciones de inmediato. Como lo resume el senador Feliciano Valencia, “un indio sin territorio se muere. Una cultura sin territorio también se exterminará”.

 

Artículo publicado en Mongabay