Con el apoyo del Gobierno de Canadá, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) está trabajando con una selección voluntaria de sus Estados miembros para ayudarlos a implementar prácticas consistentes con el Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF.
Este estudio proporciona un análisis completo de la estructura de las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario de Panamá, utilizando la metodología de la OCDE de Estimados de Apoyo al Productor (PSE en sus siglas en inglés). La metodología PSE se enfoca en dos elementos principales de apoyo: (i) el efecto de la política gubernamental sobre los precios recibidos por los productores agrícolas, y (ii) el apoyo proporcionado a través de transferencias presupuestarias al sector.
Este documento analiza la creación de las comarcas indígenas en Panamá desde una perspectiva legal.
Esta publicación busca paliar la situación del acceso de las mujeres a la tierra y a la propiedad analizando la situación de la historia de la propiedad de la tierra en Panamá considerando la normativa existente, el tipo de producción agropecuaria, y la condición e intereses de las mujeres con respecto a la propiedad y titularidad de la tierra.
El derecho internacional ha avanzado en las últimas décadas hacia el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada en regímenes de autonomía o auto-gobierno en sus territorios. En este sentido, la autonomía territorial indígena es un régimen acordado, que permite a los pueblos concernidos el control de sus propias instituciones sociales, políticas y culturales y de sus territorios, en el marco del Estado en que habitan. En el caso panameño, la figura donde se concreta la autonomía indígena es la Comarca.
A medida que la comunidad mundial intenta abordar el tema del cambio climático a través de medidas de adaptación y mitigación en el paisaje en países en desarrollo, se realza cada vez más la importancia que reviste la tenencia de recursos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en convenio con el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), ha buscado determinar en qué medida las acciones para el fortalecimiento del Programa FLEGT (aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) podrán contribuir a la mitigación del cambio climático en el contexto de REDD+ (Estrategia para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques).
Históricamente América Central es una región con importantes niveles de inequidad en la distribución y uso de los recursos naturales. Estos niveles de inequidades, partes de procesos económico socios y políticos (concentración de las cadenas de valores, agricultura de escala industrial apoyada por políticas publicas hacia los mercados de exportación), han generado algunas problemáticas relacionadas a la gobernanza de los recursos y su tenencia, tanto para la población como para los ecosistemas que sustentan en gran medida el crecimiento económico de los países de la región.
El año 2017 terminó como uno de los más fatídicos para los defensores de la tierra. También fue un año muy malo para muchos acaparadores de tierras. Un número significativo de adquisiciones, de grandes extensiones de tierras agrícolas, colapsó, agregándose a una lista creciente de proyectos que han fracasado en años recientes. Si bien esto es una buena noticia para las comunidades afectadas, a muchas de ellas se les deja enfrentadas a esta caída y teniendo que seguir luchando por recuperar sus tierras.
El Perú y buena parte del globo viven actualmente una crisis agroalimentaria. Si consideramos que alrededor del 10% de la humanidad sufre de hambre, a pesar de que la producción de alimentos es suficiente para todos, debe concluirse que hay “fallas” en el sistema alimentario, como nos lo ha recordado el secretario general de las NNUU, António Guterres a propósito de la realización de la Cumbre Global de Sistemas Alimentarios, realizada en setiembre del 2021.
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