The purpose of this policy brief is to provide national and state-level policymakers, private sector investors, civil society and donors with an analysis of the rural economy of Mon State and pathways to improved prosperity for its population. The analysis is based on a representative survey (the Mon State Rural Household Survey 2015) of 1680 rural households, which comprise 73% of Mon State’s 2 million residents, and extensive interviews with farmers, traders, processors, local leaders and government officials.

The purpose of this report is to provide national- and state-level policymakers, private-sector investors, civil society, and donors with an analysis of the rural economy of Mon State and pathways to improved prosperity for its population. The analysis is based on a representative survey of rural households, which make up 73 percent of Mon State’s 2 million residents, and extensive interviews with farmers, traders, processors, local leaders, and government officials.

The purpose of this report is to provide information and analysis to government, civil society, and donors interested in improving the well-being of the rural population of Mon State. Specifically, the report analyzes the different sources of income for rural households, as well as their socioeconomic characteristics, with a view to identifying potential pathways to improving incomes, especially for poor households, and stimulating inclusive rural growth.

La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con la colaboración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT) realizó durante los años 2009-2011 una investigación regional titulada Políticas de mercado de trabajo y pobreza rural. En el marco de esta investigación se profundizó el análisis sobre las condiciones laborales en un sector que concentra una importante proporción de mano de obra femenina.

La definición y puesta en práctica de políticas que tengan como su eje a la soberanía alimentaria, implica comprender adecuadamente las condiciones de existencia de las economías campesinas. Ya no se trata solamente de la redistribución de la tierra, sino de potencializar la multifuncionalidad de los productores rurales incluyendo el control de la biodiversidad paran mejorar sus modos de vida. No obstante, las propuestas sobre seguridad alimentaria predominan en los países del Norte y las agencias multilaterales.

El Ministerio de Agricultura declaró zona de Emergencia Agrícola a las regiones de Valparaíso, O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Metropolitana, luego que el terremoto y posterior maremoto que afectó a estas zonas del país ocasionara graves daños a la actividad sectorial y a la población rural. La cartilla ofrece instrumentos que permitan enfrentar los efectos del terremoto, es una ayuda concreta a pequeños campesinos que enfrentan la emergencia

En el mundo hay 1.700 millones de agricultores y agricultoras en situación de enorme vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Muchos ya padecen hambre, lo que los hace aún más vulnerables. Pero existen experiencias exitosas de cómo fortalecer la capacidad de recuperación a nivel local. Reproducir y ampliar los éxitos es la fuente de esperanza para estos agricultores, y además puede contribuir a afrontar el problema del cambio climático.

En el marco de la Quinta Reunión Ministerial “Agricultura y Vida Rural en las Américas” y en el contexto del Proceso Cumbres de las Américas llevado a cabo en Montego Bay, Jamaica, del 26 al 29 de octubre de 2009 se firmó el PLAN AGRO 2003-2015, Acuerdo Ministerial Hemisférico Jamaica 2009 para la Agricultura y Vida Rural en las Américas.

El documento intenta explicar la relación entre política agraria, "frontera agrícola"/dinámica de colonización (y el rol de la coca en este proceso), relaciones de poder y desafios de la ciudadanía.

Décadas de escasa inversión pública en agricultura han debilitado la capacidad de los agricultores para hacer frente a la volatilidad de los precios, a los cambios climáticos y económicos, o para poder salir por sí mismos de la pobreza. Sin embargo, los donantes y los gobiernos deben considerar la inversión en agricultura como parte de la solución a largo plazo frente a las crisis alimentaria, financiera y climática.

La crisis financiera internacional afectará de manera directa, aunque diferenciada a los países de América Latina. En esta coyuntura adversa se hace necesario hacer un análisis de cómo el medio rural latinoamericano y en particular los pobres rurales se verán afectados.

Aproximadamente 1,6 mil millones de personas –más del 25 por ciento de la población mundial – dependen de los recursos forestales para la consecución de los medios de vida y la mayor parte de ellos (1,2 mil millones) utiliza los árboles en las explotaciones agrícolas para generar alimentos y dinero en efectivo.