REFLEXIONES DEL INFORME ANUAL SOBRE ACCESO A LA TIERRA Y TERRITORIO EN SUDAMÉRICA 2018

 Reflexiones del informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en sudamérica 2018[1]
 
Oscar Bazoberry Chali, sociólogo, coordinador general Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS
Ruth Bautista Durán, socióloga, investigadora Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica - IPDRS
 
Presentamos algunas reflexiones que emergieron en el trabajo de coordinación de la cuarta versión del Informe anual sobre acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, y el trabajo de edición realizado sobre los 9 capítulos correspondientes a 9 países de la región, que presenta el Informe 2018, un esfuerzo colectivo que se enmarca en las acciones del Movimiento Regional por la tierra y territorio.
Puede que en este acercamiento prime el ámbito gubernativo, que dificulta el abordaje regional e impone en los análisis, aquellas subjetividades, empatías o rechazos que nos generan los circunstanciales caudillos, líderes y representantes nacionales.
La oportunidad de tener lecturas comprometidas con las luchas campesinas e indígenas, en una estructura común para presentar los países, nos muestran síntomas, procesos y hasta consecuencias comunes a diversos países, y podemos visibilizar diálogos y alternativas de construcción horizontal.

Derechos de los campesinos

La Asamblea General del año 2018, 73ª periodo de sesiones, Resolución A/RES/73/165, de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, aún sin impacto visible. Desde que se presentó la iniciativa hasta que se emitió la declaración, pasaron 17 años. Tiempo que supuso mucho trabajo, comisiones, consejos y otros mecanismos de discusión en las Naciones Unidas. Finalmente la aprobaron en la Asamblea General, con 121 votos a favor, 8 en contra, 54 abstenciones y 10 países que no votaron.
De Sudamérica, en la sesión final, ocho países votaron a favor, ninguno en contra, tres se abstuvieron y uno no votó. Los que votaron a favor fueron: Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela. Los que se abstuvieron fueron Argentina, Brasil, Colombia. Paraguay no votó. En el caso de Paraguay habrá que indagar si fue un cambio de opinión, pues en la primera ronda votó favorablemente.
Los países que impulsaron la Declaración, a nivel interno no han generado ninguna repercusión y los gobiernos no han hecho mayor difusión. Corresponde entonces, un trabajo para garantizar su difusión y aplicación.

Estados dependientes, populismos y un nuevo ciclo neoliberal

Uno de los capítulos afirma que la actual coyuntura, es “una etapa transicional hacia el retorno neoliberal”, y otro explica que el Estado “no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero”. La figura del retorno podría ser cuestionable si se toma en cuenta que en el trasfondo de los progresismos en gobierno, no dejó de ser un modelo económico basado en la reprimarización de la economía y la concentración y privatización –y extranjerización– de los recursos naturales.
Ecuador como Argentina, recurren a negociar con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de equilibrar sus economías y salir a flote en un sistema en crisis. Este nuevo ciclo de profundización neoliberal determina el rol que juega el Estado (nacional) como protagonista, mediador o un actor más en la dinámica del mercado global.
Otro síntoma de esta renovación o profundización del modelo neoliberal, tiene que ver con la institucionalidad pública tomada por sectores gremiales específicos. A nombre del desarrollo, modernización y eficiencia, son los representantes de la agroindustria quienes dirigen los ministerios de agricultura, desarrollo rural, etc.
La relación de las organizaciones sociales y los gobiernos populistas restaron fuerza e independencia a las agendas reivindicativas. Esta es una alerta a sostener la independencia sindical u organizativa y la perspectiva de la libre determinación.
El endurecimiento de los gobiernos tiene que ver con decisiones a nivel económico y con una serie de radicalizaciones como respuesta a lo que se supone han sido los gobiernos de izquierda, el “discurso de odio” que promueve Jair Bolsonaro en Brasil, y también, la sistemática omisión a las aspiraciones a la paz en Colombia.
La importancia del rol del Estado sobrepasa la dimensión económica y el liberalismo de mercado. Los procesos de deslegitimación, escándalos de corrupción que se extienden al tráfico de tierras y al narcotráfico, ponen en entredicho la naturaleza de la democracia.
En cuanto al acceso a la tierra, estos temas se traducen en la reestructuración y el cambio de estatus que adquieren los temas rurales en la institucionalidad pública. En Colombia, la implementación de la paz invisibiliza la concentración y acaparamiento de tierras, y la política agraria está basada en alianzas público privadas.
En toda la región, existe una nítida concentración y centralidad del Estado nacional, en diversos países se han revertido decisiones locales respecto a los sistemas productivos, a exigencia de las corporaciones.

Disputa por la matriz de desarrollo

La posibilidad de acceder a la tierra para campesinos e indígenas se esclarece en la disputa por la matriz de desarrollo. Bolivia persiste en construir una imagen indígena estatal y un discurso populista, no obstante, delata su vocación desarrollista por los proyectos de infraestructura, generación de energía, y lo más reciente, la proliferación de la necesidad de la biotecnología, transgénicos y la producción de alcohol anhidro para biocombustibles.
En Colombia, así como se aprobó la primera ZIDRES, se logró aprobar un nuevo perímetro de la propuesta de Zona de Reserva Campesina Montes de María. En Paraguay, centro de la “república de la soja”, se articuló una propuesta de ley para crear un impuesto a la exportación de soja en estado natural y se debatió una ley marco de “Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación”.
El caso del Uruguay, las mayores movilizaciones del agro articularon diferentes sectores, los pequeños productores, los medianos e incluso los grandes. No discutiendo el modelo, pero sí el permanente y creciente desplazamiento de la propiedad accionaria.
La disputa por la matriz de desarrollo está en la crítica y también en las alternativas y apuestas por construir otros modelos y formas propias de desarrollo. La toma de conciencia –de la población rural y urbana– por el agua y por los impactos de los megaproyectos de desarrollo, generan una corriente de opinión masiva contra el avance del extractivismo, la megaminería, el fracking y las fumigaciones aéreas.

Titularización masiva e individualización de la tierra

Bajo la idea de que la seguridad jurídica es una garantía para los derechos de las personas, familias y comunidades, mucha población rural, se sumerge en largos procesos por el reconocimiento, adquisición y/o titularización de las tierras que poseen.
En Bolivia, no se han viabilizado más demandas de titularización colectiva, gran parte de las demandas han sido cubiertas, y el INRA ha dejado de socializar los beneficios que conlleva el título colectivo.
En Paraguay, los datos de avance de dotación y titulación son insignificantes, y el esfuerzo gubernamental ha pasado por regularizar jurídicamente lotes dentro de las colonias campesinas, bajo una política de titulación masiva, de acuerdo a las políticas del Banco Mundial. Y en Uruguay, los reguladores de facto son las grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros que apoyan la legalización de colonias campesinas, y exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra.
En Perú el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, no obstante, se privilegia la titulación individual. El nulo apoyo a la titulación colectiva está relacionado al poco financiamiento, pero además, aunque se hayan ratificado los derechos colectivos, aún no se comprende la demanda de titulación integral del territorio del pueblo indígena Achuar (Pastaza).
Los más de 30 mil desplazados por el conflicto armado en Colombia, han vivido la modificación no sólo de su pertenencia territorial, sino también un dislocamiento en su concepción de vida. No tocar la concentración de la tierra en este país muestra la dureza del modelo imperante. Los procesos de reconocimiento, regularización y titulación agraria son mecanismos de control y disciplinamiento para las comunidades campesinas e indígenas. Impulsar la titularización individual de la tierra, tiene que ver con los intentos modernizantes de generar sujetos incorporados al mercado, como fuerza de trabajo o como consumidores.

Propuestas de autogobierno y jurisdicciones propias

En un contexto desalentador y peligroso para los defensores de la tierra y los territorios en la región, en Brasil, tres mil personas se manifestaron en la explanada de los ministerios, reivindicando la demarcación de tierras indígenas. Además, el Foro Alternativo Mundial del Agua propuso la construcción de la alianza de diversidades para enfrentar “ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.
Al sur, en Chile por primera vez, 36 familias no mapuche ocuparon el fundo Mundo Nuevo de Curanilahue en manos de empresas forestales. En Argentina, se avanzó con la recuperación territorial de la zona de Pichunko-Ladera Correntoso (Neuquén) y en el Chaco, la comunidad originaria de Miraflores inició la recuperación del territorio ancestral de 10 mil hectáreas. En Paraguay, las familias no descansaron ante la injusta condena de 11 campesinas y campesinos, por la masacre de Curuguaty, finalmente, un recurso de casación presentado al Tribunal de Apelaciones, los devolvió a la libertad.
La resistencia a los proyectos de desarrollo en Uruguay generó diversas plataformas. El movimiento Cota 81, el colectivo eco-feminista “Por el costado de la vía” y el movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, defienden la producción familiar granjera.
En Colombia, la paz se ha estado tejiendo en los territorios y las comunidades desde hace mucho tiempo, acuerdos comunitarios con los grupos armados por la protección de la biodiversidad y las poblaciones, que aún se respetan. Se han generado instancias locales con diversos actores, que convocan al sector armado y al gobierno. ¿Acaso éste no sería el rol de un Estado? ¿Acaso estas iniciativas no son gérmenes de autogobierno?
La movilización de las mujeres se ha visibilizado masivamente en las ciudades, ha tenido repercusión en la vida rural. En Argentina, se ha llevado a cabo un 1er Parlamento de Mujeres Originarias. El encuentro de la Unión de Asambleas Patagónicas en la comunidad mapuche-tehuelche de Costa del Lepá (Chubut), convocó a personas mapuche y no mapuche, a compartir responsabilidades en la resistencia al extractivismo y la violencia estatal sobre los pueblos indígenas.
Los autogobiernos indígenas y campesinos son resultado de la resistencia histórica y también del marginamiento de los Estados nacionales, unos más violetos que otros. No perder la perspectiva del autogobierno y el desarrollo de las jurisdicciones propias son ámbitos valorables, para proponer nuevas formas de interlocución con los Estados.
La nación originaria Qhara Qhara, en Bolivia, ha aportado jurisprudencia útil para los pueblos indígenas, frente a la justicia ordinaria, a la institucionalidad republicana y centralista. Además, reivindican la propiedad de las riquezas del Galeón San José, sumergido cerca de la costa de Cartagena de Indias, reclamado por la actual Corona de España, empresas estadounidenses y el Estado colombiano.

Venezuela

A pesar de los esfuerzos realizados por el IPDRS, no contamos con el capítulo de Venezuela, por no disponer de suficiente información y por múltiples y cotidianas dificultades y desafíos institucionales. Es una situación polémica, politizada, y para muchos una impronta de los esquemas globales, de los imperialismos, que se manifiestan descarnadamente. Para millones personas, es una situación límite, un drama humano.
Desde el enfoque rural, el acceso a la tierra y el territorio, la apuesta por la diversidad y el más amplio espectro de sujetos rurales, resulta difícil de discernir por el manto político y de política internacional que lo cubre todo.
En el 2013, la FAO reconoció al gobierno de Venezuela por reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre o subnutrición, gracias a que miles de personas tenían acceso a subsidios en los alimentos ofertados en la red de abastecimiento de alimentos del Estado. El 10 de abril del 2019, el Secretario General de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, afirmó que “la prevalencia de la subnutrición casi se ha triplicado en los últimos cinco años (…) Venezuela ha importado hasta el 75 % de sus alimentos. Como resultado de la crisis, la disponibilidad y la asequibilidad de los alimentos disminuyeron, al disminuir las importaciones, la producción local disminuyó y el poder adquisitivo disminuyó”.[2]
El 2017, nos preguntábamos sobre las políticas Agropatria, el Instituto Nacional de Tierras, o el Plan Chamba Juvenil para “enviar” jóvenes al campo. La mentada presencia del Estado en el agro y el campo rural, con una orientación productivista, inmediatista y en sentido de emergencia, lo que parece más una sobredimensión del verdadero alcance de los gobiernos.
¿Cuál es la situación de los productores del campo en una situación de crisis alimentaria? Se supondría que, además de garantizar su autoconsumo, los productores se podrían beneficiar, más allá de cualquier juicio moral, de una situación de escases. Al parecer no es así. Los agricultores, grandes y pequeños, son presas de otras formas de violencia y coacción. Sea por los sistemas formales que controlan la distribución, sea por los sistemas informales y hasta mafias.
[1] El texto corresponde a un resumen de la Introducción del Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (IPDRS, 2019). Disponible en: https://bit.ly/2YZe8gm
[2] Acta de la reunión 8506, Consejo de Seguridad, ONU. Disponible en: https://undocs.org/en/S/PV.8506