Cada vez que María Cleofa Bordón, una campesina de 54 años, recorre los 14 kilómetros que tiene entre su casa y su chacra recuerda que antes tenía vecinos. Ahora hay kilómetros y kilómetros de desierto verde.

A medida que una familia decide vender sus tierras, los cultivos de soja se van expandiendo. De a poco, los grandes productores, la mayoría empresarios que tienen tierras en más de un país, compran uno a uno los terrenos de los pequeños campesinos. “La soja avanza sobre el vecino”, explica enojada Bordón.

María vive con su marido y sus hijas en el casco urbano de Liberación, en el departamento de San Pedro, que está a 200 kilómetros de Asunción. Ya no viven en la chacra porque a las chicas se les hacía difícil estudiar. Todas las mañanas, a las 5, va a su campo en moto. Tiene 10 hectáreas sembradas con plantaciones de mandioca y maíz para autoconsumo.

“No me queda otra que sacar abono del monte para poner en mi tierra. Es un trabajo enorme. Me voy con mis hijas para poder recuperar el suelo, sino el químico que usan para los cultivos de soja lo descompone todo”, cuenta María.

Bordón es una de las 309 mujeres que integra la Coordinadora de Mujeres de San Pedro. La organización articula con otras instituciones para visibilizar la lucha por la defensa del territorio.

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Es sábado y diluvia en Liberación. Los días de lluvia son complicados para moverse por la zona porque la tierra roja de los caminos se transforma en barro. No todas las mujeres pueden llegar a la reunión de la Coordinadora de Mujeres de San Pedro.

Liberación tiene un pequeño centro urbano, donde viven varias de las integrantes del grupo. Ellas tienen sus campos a pocos kilómetros. Por eso les resulta más fácil llegar a la reunión, pero para quienes viven en el campo, más alejadas o en otros distritos, es casi imposible. Igual, tratan de organizarse para que aquellas que están con su moto o auto busquen a las demás. 

Ada Mabel Ramírez tiene 21 años y es la secretaria departamental de la organización. Hace tres años se involucró de lleno en las reuniones. Y hace once que vive en Liberación. Tuvo que migrar de una comunidad chica de Choré, otra ciudad del departamento de San Pedro, por el avance del monocultivo de la soja.

“Mi familia tenía un terreno de 10 hectáreas. Yo pasé mi infancia allá. Cada vez que fumigaban en los campos vecinos teníamos que refugiarnos. Llegó un punto que no aguantamos más y le vendimos nuestras tierras a los mismos sojeros", cuenta Ada. En San Pedro hay 325.000 hectáreas destinadas a la soja, lo que representan el 10% del total de ese cultivo en el país.

Hace dos años, en diciembre, el papá de Ada falleció de leucemia. "En su biopsia salió que su enfermedad era consecuencia del agrotóxico”, denuncia la joven campesina.

Ada tiene una hija de tres años, que es su gran motivación para luchar por el territorio. “Las 309 mujeres de la organización nos reunimos día a día para que los hijos o nietos tengan su tierra y conozcan el bosque. Nos organizamos para encontrar un modelo alternativo al de los grandes empresarios”, expresa.

Según una investigación de Elizabeth Duré y Marielle Palau, de Base Is, un centro de estudios de carácter autónomo dedicado a la investigación en el campo de las ciencias sociales, Paraguay posee un poco más de 40 millones de hectáreas, de las cuales 31 millones son utilizadas para la producción agropecuaria. De esa tierra productiva, el 57.4% está destinada a la ganadería; el 10.8% a la agricultura (de las cuales el 97% se destina a los agronegocios y 3% a la agricultura campesina); el 24.1% para montes naturales forestales cultivados; y el 7.7% restante para otros usos.

Puntualmente con soja, el país tiene cultivadas casi 3,4 millones de hectáreas.

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Uno de los días más movilizantes de la vida de Graciela López, también campesina de Liberación, fue cuando participó de una manifestación de tres días en las calles. Ella estaba luchando para que no suspendieran el subsidio del programa Tekoporã -orientado a la protección y promoción de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad- del Ministerio de Desarrollo Social.

Muchas familias necesitan ese subsidio para subsistir en el campo. “Mi hijo es policía y estaba custodiando con sus fusiles esa manifestación. Enfrentarme a mi hijo fue lo peor de mi vida, pero no quería perder ese pedacito de pan. Mi hijo me gritaba: 'anda mamá a casa'. Y yo le dije que si era necesario iba a morir ahí, que esa era mi lucha'”, recuerda.

Graciela reconoce que le costó trabajo darse cuenta de lo importante que es organizarse para luchar por los derechos de uno. “Antes, incluso, yo criticaba a las mujeres que salían a la calle, no reconocía el valor de esa lucha. A veces nuestros maridos e hijos creen que hacemos mal en salir a la calle y gritar, pero solo ahí te escuchan”, reflexiona.

Graciela, de 59 años, tiene una chacrita donde planta hortalizas, sin químicos. Además está reforestando con plantas nativas. “Nos estamos quedando sin árboles. Estoy plantando una hectárea así mis nietos van a saber lo que es estar debajo de un árbol”, comenta. En total, desde la organización se están reforestando 10 hectáreas de plantas nativas en diferentes espacios: plazas, escuelas, iglesias y en campos de compañeras que tienen espacio. En una hectárea de terreno entran 700 plantas.

América Latina perdió el 1,25 % de sus bosques entre 2010 y 2015. En los últimos 25 años, en Paraguay el promedio de deforestación fue de 336.000 hectáreas por año, el equivalente a 600.000 canchas de fútbol, según datos publicados en la prensa local.

La independencia económica es uno de los aspectos claves en los que trabajan las mujeres campesinas de San Pedro. “Nosotras tenemos derecho a hacer nuestro dinero. Antes de involucrarme en la organización pensaba que los maridos eran los que tenían que manejar la plata y nosotras debíamos ayudar criando gallinas y sirviendo la comida. Al momento de vender, eran ellos los que ponían el bolsillo. Ahora eso está cambiando”, enfatiza López.

En Paraguay, las mujeres apenas recibieron el 13,6% de las tierras fiscales adjudicadas a familias campesinas. También han sido marginadas en el acceso a los insumos y servicios, pues apenas recibieron el 14% de la asistencia técnica y menos del 23% del crédito agrícola, según un estudio de OXFAM y ONU Mujeres. 

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Etelvina Medina es una de las primeras campesinas que comenzó, en 2008, a promover la organización de las mujeres en el distrito de General Resquín, ubicado también en el departamento de San Pedro- . Luego el proyecto fue escalando y en 2011 se consolidó a nivel departamental.

Mientras Etelvina prepara el almuerzo con productos de su chacra cuenta que cuando empezaron se las perseguía y se las juzgaba por querer armar una organización de mujeres. Con el tiempo, se fueron empoderando y ahora ya participan regularmente un grupo grande de socias.

Para generar ingresos propios para solventar los pasajes para ir a las reuniones, las campesinas venden chipá. “Todavía al día de hoy, muchas mujeres tienen que pelear con los maridos para venir a las reuniones. No las quieren dejar salir. Cuando mi marido vivía, me esperaba en la entrada del pueblo y me preguntaba por qué recién estaba llegando a esa hora. Ahí me daba la vuelta, y me iba para otra parte”, cuenta la mujer de 67 años.

En su chacra, Etelvina cultiva, sin químicos, mandioca, maíz, poroto, maní y caña de azúcar. También crían animales menores, como chanchos y gallinas. Si sobra, vende. Pero casi toda la producción es para su familia.

Ella vive con su hermana, dos hijos y un nieto. En este momento, subsisten, sobre todo, de la venta de una esencia que se llama petitgrain- un aceite que se extrae de las hojas y ramas verdes de la planta de naranja amarga y se usa para hacer perfumes-. Por cada kilo de este producto le dan 70.000 guaraníes (equivalente a casi 11 dólares).

En el campo de enfrente al de Etelvina, los sojeros compraron 25 hectáreas. “Son brasileros los que compran el terreno”, cuenta. No es casualidad: cerca de 35% del territorio agrícola paraguayo está bajo control directo e indirecto de capitales extranjero, según el informe publicado por la organización Base Is Con la soja al cuello. La mayoría son corporaciones de Brasil, y también de Argentina y Uruguay.

La pelea por subsistir

Los hombros de Bernarda Pesoa se ven cargados, pero su andar tranquilo y su tono de voz suave parecen inalterables. La lideresa de la comunidad Santa Rosa del Pueblo Qom se encarga de muchas de las necesidades de su gente: desde acompañar a los enfermos al hospital hasta empoderar a mujeres en la lucha por sus derechos.

Ese día, Pesoa se despertó al amanecer, salió de la comunidad, que está a 39 kilómetros de Asunción, en el distrito de Benjamín Aceval del departamento de Presidente Hayes, y se acercó a la ruta para tomar un colectivo que la dejaría en el centro urbano más cercano. Tenía cita con un juez. Una niña de su comunidad fue víctima de abuso y Bernarda se encargó de realizar la denuncia y seguir todo el proceso. A las 10, volvió a su casa, pero antes pasó por un almacén para comprar su desayuno: un pan y una empanada.

Bernarda es secretaria de relaciones de Conamuri, una organización que agrupa a 800 mujeres campesinas e indígenas, y forma parte del Colectivo de Mujeres del Gran Chaco Americano. La lideresa, de 38 años, también es artesana, madre de tres varones y dos mujeres, y abuela de un nieto. Desde los distintos espacios trabaja para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres.

La lengua materna de Pesoa es qom, pero aprendió el español y el guaraní a los 15 años, cuando comenzó a trabajar como empleada doméstica en una casa de Asunción. Dejó la escuela y empezó a trabajar.

Unas 120.000 personas se reconocen como integrantes de pueblos originarios en Paraguay. El 76% vive en situación de pobreza extrema, según el último censo, de 2012.

Desde los años 70, la comunidad Santa Rosa vive en las mismas tierras, en una zona rural del chaco paraguayo. Allí viven 72 familias. “Todos los niños que nacen en la comunidad ya les pertenece esta tierra”, asegura Pesoa.

Esa región es uno de los principales territorios afectados por el modelo ganadero. En el período que va de enero de 2014 a enero de 2018, alrededor de 1 millón de hectáreas fueron deforestadas en la región, según la investigación de Elizabeth Duré y Marielle Palau. La principal causa es la ganadería: Paraguay es el 7° exportador de carne en el mundo y actualmente tiene unas 14 millones de cabezas de ganado.

“Las vacas tienen más tierra que nosotros. Un animal puede tener una media hectárea. Hasta la calle también le pertenecen a los ganaderos. Hay que pedirles permiso para comunicarse con otras comunidades”, se queja Pesoa.

Cuando las comunidades indígenas van al monte, se encuentran en el camino con carteles que dicen “Prohibido la entrada a personas ajenas”. Eso fue un choque para ellas, que suelen tener una noción distinta del uso del territorio: “Cuando uno viene acá, no se encuentra con ningún tablero que restrinja la entrada. Los ganaderos nos tratan así y es una injusticia enorme para nosotros”.

 

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A los 19 años, Pesoa comenzó a militar por los derechos de su pueblo, sin embargo ella cree que liderar, siendo mujer, no es fácil. “Hay que enfrentar el machismo y el patriarcado que todavía late en cada comunidad”, expresa la lideresa, mientras se corre de la cara su pelo negro y largo. También se toca su collar, un talismán que le dieron en el Primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, realizado en marzo de 2018 en Chiapas, México.

El collar, para ella, es símbolo de protección personal y económica. Recientemente, Bernarda participó del Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata y asistió en más de una ocasión a plenarios de Naciones Unidas, en Nueva York, para plantear los principales problemas que enfrentan las mujeres indígenas.

Uno de esos problemas es la discriminación. En Paraguay, Pesoa ve la desigualdad en los colectivos, los hospitales, las universidades, en todos partes. Por un lado, las discriminan dentro de sus propias comunidades, donde tienen menos capacidad de decisión que los hombres sobre el uso de la tierra y menos acceso a una parcela para la producción propia. Y por otro desde las instituciones del Estado, que apenas ofrecen políticas y programas dirigidos a su empoderamiento económico.

“Cuando las mujeres tratan de armar un proyecto propio y encuentran el financiamiento, se le suele comunicar primero al líder y él es el que decide si se hace o no. Hay que seguir fortaleciendo los liderazgos de las mujeres en las comunidades indígenas. Tenemos un largo proceso por delante”, comenta Pesoa. Paraguay, en ese sentido, tiene pendiente aprobar un proyecto de ley para eliminar todas las formas de discriminación.

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Las mujeres indígenas recurren al monte para buscar la totora, una planta acuática común en esteros y pantanos de América del Sur. La utilizan como materia prima para la artesanía:carteras, sombreros, cajas y accesorios

“Cuando los ganaderos te ven en la vereda de la ruta buscando totora, empiezan a prender fuego y lo queman todito para que no regreses ahí. Igual, nosotras seguimos haciendo nuestra artesanía. Somos 76 mujeres que nos reunimos para producir. Y así peleamos para poder tener el pan de cada día”, comenta Pesoa.

Además de ser un símbolo de resistencia, la artesanía reúne a las mujeres, les permite obtener un ingreso y genera un espacio de contención. Pesoa reflexiona: “Es importante el diálogo con otras mujeres porque no todas estamos viviendo bien. En estos grupos se generan lazos fuertes de solidaridad. Allí descargan los problemas. Cuando una compañera se encuentra mal, encuentra un lugar de confianza para contar por lo que está pasando”.

La totora se corta con cuidado para que siga existiendo y, tras una semana, las mujeres artesanas Qom la transforman en arte. Ellas se encargan de reforestar esa especie nativa para poder asegurar la continuidad de su cultura. También apuntan a la concientización social para fomentar un comercio justo de sus artesanías. Pesoa expresa: “Los recursos naturales son muy importantes para nosotras, por eso nos convertimos en defensoras ambientales y territoriales”.

Especial publicado originalmente en Redacción