Caso de la otorgación estatal de un título de propiedad comunal y sus límites a la comunidad Kichwa Ayapata con una serie de conflictos de por medio, y su repartición a 40 familias de la comunidad

LaUnión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE) y la Asociación Ecocacao, se han convertido en instrumentos de resistencia para defender y proteger la tierra y territorio, a través del trabajo comunitario y la entrega en posesión de la tierra a las familias, manteniendo así las vertientes de agua, el bosque y la producción de alimentos.

Después de numerosas estrategias de supervivencia, los pobladores de Puerto Prado lograron adquirir legalmente las tierras que ocupaban comprando a precio del mercado la nueva propiedad. Con los títulos de posesión en mano obtuvieron en el año 2003 el estatus de Comunidad Nativa que reclamaron con tanto ahínco tanto al Ministerio de Agricultura como al Gobierno de Loreto, en el Perú.

Las mujeres en la región de Ayacucho, Perú, especialmente afectadas por décadas de discriminación y violencia, incluida la violencia política, así como relegadas al trabajo doméstico, obtuvieron en este nuevo siglo el acceso a la tierra como propietarias individuales. Para lograrlo, las mujeres tuvieron que organizarse para demandar el derecho a poseer tierra ante su comunidad y ante el Estado.

Como varias comunidades guaraníes liberadas, su particularidad reside en que su composición social no sólo es guaraní y que además, su organización para demandar el territorio comienza en la ciudad de Santa Cruz, donde guaraníes provenientes de varios lugares y marcados por la discriminación, se plantean retornar a la tierra.

Este es el caso de una propiedad familiar donde la necesidad del retorno a la tierra familiar impulsada por el peligro de pérdida del terreno ante la muerte del progenitor (propietario), y la mejora en las condiciones de vida que en este caso están expresadas en prácticas innovadoras, frente a los términos en los que el mercado convencional se desarrolla.

En 2005, shiringueros del distrito de Iberia decidieron asociarse en ECOMUSA para extraer el látex sin perjudicar al bosque amazónico. En esta zona de Madre de Dios, Perú, la tala ilegal y el cambio de uso de la tierra amenazaban con desaparecer estas importantes áreas boscosas. El éxito asociativo: el Estado les entrega en concesión, en 2008, el manejo de 7,900 hectáreas de bosques productivos.

Quila Quila refleja un caso de disputa de pueblos indígenas originarios ante el Estado, por la defensa de su territorio y reconocimiento de su autonomía. Sus luchas datan de la invasión española, han estado latentes durante la república, y se articulan a la disputa abierta por los territorios indígenas de fines de siglo XX, así como el cambio constitucional entre el 2006 y 2009.

Los comuneros de Tola Chica, en Ecuador, resisten varios intentos de quitarles su tierra, pero esta lucha no impide que continúen con procesos internos de cohesión en los que la fiesta anual juega un papel importante.

O assentamento Dom Luciano Mendes (Minas Gerais) é resultado da luta de famílias sem-terra, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que ocupam uma fazenda de 1.348,1819 hectares até então considerada terra devoluta, grilada por fazendeiros na cidade de Salto da Divisa. Ele alia a luta pela terra, organização popular, e, também, a dimensão da produção sustentável.

Este caso se centra en un territorio amenazado por la minería a gran escala en donde las comunidades han construido estrategias para proteger su espacio de vida ante la amenaza, entre ellas, la compra de predios con bosque nativo a otros propietarios para manejo comunitario.

La comunidad de Santa María remite a un caso de lucha por la tierra en la que población de origen tacana (indígena) insiste en que el Estado le reconozca una determinada porción de territorio y bosque. Sus estrategias tienen que ver con las marchas para presionar a las autoridades y la consecución legal de tierras.