The crisis that engulfed the Central African Republic (CAR) in the end of 2012 resulted in the perpetration of gross human rights violations, including the widespread looting and destruction of homes. As people fled the violence they left behind land which others occupied illegally. More than a year after the height of the crisis, approximately 440,000 Central Africans continue to be internally displaced. Almost half a million are refugees in neighbouring countries.

The armed conflict in Colombia causes continued forced displacement into neighboring countries. Ecuador is the country receiving the highest number of Colombian refugees. By the end of 2013, 135 5881 people were registered inEcuador by UNHCR, with an average of 1000 new claims each month. In Panama, UNHCR estimates that 18 2972 people are living in a refugee like situations mostly in urban areas or marginalized suburbs.

Palestinian women living in refugee camps and gatherings in Lebanon have little opportunity to realise their HLP rights. They face the double discrimination, challenged by both formal Lebanese law and familial Palestinian social systems.

In 2001, the Lebanese Government passed a law forbidding people who do not hold citizenship to a recognised state from getting property rights in the country. This has left many Palestinian refugees either losing property that they owned, or unable to inherit property from family members.

Land is of tremendous importance in South Sudan. It represents community, belonging and place as well as provides a source of income, subsistence and survival. Control of land and resources was at the centre of the conflict that lasted five decades, leading to South Sudan’s independence in 2011.

El documentos hace un análisis de los agrocombustibles en el  marco de los acuerdos comerciales de la UE con Centroamérica, Colombia y Perú, el impacto de la producción de materias primas destinadas a la producción de agrocumbustibles en los derechos humanos en Colombia y Guatemala y la situación de emergencia en comunidades indígenas y campesinas de ambos países.

Estudio sobre los conflictos por el control y aprovechamiento de recursos naturales, territoriales y ambientales entre los años 2011 y 2012 a la luz del actual debate sobre el desarrollo en el Bolivia.

A expansão da soja nas cercanias das Terras Indigenas nao necessariamente resulta em relações entre as partes ou impactos sobre os indios, mas reforça uma preocupação já manifestada pelo movimento indigena do Cerrado.

Colombia cuenta con uno de los legados indígenas más diversos del mundo, queengloba a una gran variedad de culturas,idiomas, estructuras sociales y formas de vida.Según el censo de 2005, en Colombia vivencasi 1,4 millones de indígenas, en torno al 3,4por ciento de la población total. Los cálculossobre el número de grupos indígenas distintosvarían: el censo de 2005 registró 85, pero,según la Por ejemplo, menos del 8 por ciento de lastierras de los resguardos son aptas para laagricultura.

El autor plantea un análisis a la problemática de acceso a la tierra desde el ejemplo sucedido en la Provincia de San Juan en Argentina. La falta de reconocimiento de la propiedad de las tierras ancestrales para con los pueblos originarios causa conflictos con compradores que recurren al desalojo y al avasallamiento para obtener la tierra. Por su parte, las comunidades usan todos los medios posibles para defender su tierra de origen. El IPDRS se complace en presentarles el artículo 176 de la serie Diálogos  que nos muestra un caso de acceso y lucha por el territorio.
 

En este artículo, dice Miguel Urioste, “(…) queremos desarrollar algunas ideas que nos ayuden a entender cómo esta suigéneris metropolización surge a partir de la secular postergación del campesinado, no es fruto del azar, ni del ineluctable destino, ni de la fatalidad.

 * Jaime H. Díaz Ahumada
El conflicto armado que sufre Colombia desde mediados del siglo pasado ha contribuido a que se agudice aún más la pobreza en el país. Este conflicto ha generado una grave crisis humanitaria, cuya expresión más sensible es el desplazamiento forzado interno. Se estima que en Colombia hay más de cuatro millones de personas desplazadas contra su voluntad, lo que equivale al 9% de la población nacional.