La comunidad de Santa María remite a un caso de lucha por la tierra en la que población de origen tacana (indígena) insiste en que el Estado le reconozca una determinada porción de territorio y bosque. Sus estrategias tienen que ver con las marchas para presionar a las autoridades y la consecución legal de tierras.
Como varias comunidades guaraníes liberadas, su particularidad reside en que su composición social no sólo es guaraní y que además, su organización para demandar el territorio comienza en la ciudad de Santa Cruz, donde guaraníes provenientes de varios lugares y marcados por la discriminación, se plantean retornar a la tierra.
Demanda y solicitud de dotación de tierra, que si bien fue casi inmediata, el Estado no tuvo en cuenta que las tierras habían sido ocupadas por comunidades chiquitanas. Esta superposición generó graves conflictos en el plan de asentamiento, que con el tiempo fueron resueltos pacíficamente para ambas poblaciones.
El caso muestra el proceso de recomposición territorial del pueblo indígena Leco de Apolo cuyo origen prehispánico persiste y permanentemente entabla diálogos con el Estado y recién el año 2010 logra legalizar su derecho a la propiedad de la tierra. Con el tiempo, los Leco se mezclaron con indígenas del altiplano, pero manteniendo los modos de ser y pensar de los pueblos de las tierras bajas.
La familia mapuce de María del Carmen Puel vive ancestralmente en su territorio y desde el año 2000, se constituyen, junto a otras cuatro familias, como comunidad “Plácido Puel”, luchando por defender su territorio de las amenazas de las inversiones inmobiliarias ligadas al turismo, que pretenden quitarles sus tierras
El acceso de tierra y territorio para Lomerío remite a un histórico proceso de restitución territorial bajo la forma de propiedad colectiva o Tierra Comunitaria de Origen (TCO), que combina la lucha legal por políticas del Estado con una ardua resistencia y presión política- corporal que se expresa en las largas marchas desde los territorios indígenas hasta el centro del poder político estatal.
Se trata del caso de una comunidad indígena que se organiza para recuperar tierras en manos de terratenientes, basados en sus derechos ancestrales, y el reconocimiento de su territorio.
Se tata de una comunidad indígena que es reconocida como Resguardo, y además, tiene titulado su territorio de manera colectiva, ejerciendo su derecho a la gestión.
Se trata de un caso de restitución de territorios ancestrales, que reivindica el acceso a un territorio mayor al que el Estado republicano redujo en su división político administrativa. En su lucha por la consolidación territorial, la organización originaria genera mecanismos y consideraciones para garantizar el acceso a la tierra de sus comunidades, de las mujeres y las nuevas generaciones.
La comunidad ha gestionado y financiado la titulación de su territorio sin apoyo externo. Se trata de una empresa comunitaria con impactos económicos, sociales y ambientales dentro del Parque Nacional Madidi, lo cual es reconocido tanto en Bolivia como en el exterior del país, puesto que además se trata de la primera empresa de ecoturismo indígena, manejada por una comunidad entera.
Las mujeres de Yaguarú logran que la Central de Organizaciones de los Pueblos Indígenas Guarayos (COGNAG), les conceda 84 ha, para la producción de cusi. Significativo logro, por su participación activa en las marchas y movilizaciones, y por la negociación con las autoridades locales de Guarayos, muestra capacidad y autonomía para gestionar su territorio.
Isipotindi toma la estrategia de obtener tierras para nuevos asentamientos humanos en perspectiva de la reconstitución territorial del pueblo guaraní. El fortalecimiento de sus instituciones propias permitió acceder a la tierra donde la población pudiera desplegar su modo de vida y liberarse de las condiciones de semi-esclavitud en las que se encontraban en las estancias ganaderas.