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En el marco de las movilizaciones sociales de mayo y junio de este año 2015 se generaron variaciones sustanciales en el proceso político ecuatoriano, la consecuencia más importante es la puesta en cuestión de una próxima reelección presidencial de Rafael Correa en la etapa electoral venidera del 2017 (que a esas alturas, cumplirá diez años ininterrumpidos en el poder).
A esto se suma el debilitamiento del modelo económico basado en las rentas crecientes de las commoditties, provocado en especial por la caída en los precios en los hidrocarburos, con lo cual el proyecto desarrollista hegemónico muestra grietas que pudieran agrandarse de continuar impertérrito un programa político aplicado por la vía de un caudillismo autoritario y progresismo extractivista, denominado “cambio de la matriz productiva”.
Otra consecuencia es el rol protagónico que adquieren los líderes locales de la derecha, sobre todo los alcaldes de las principales ciudades del Ecuador: Rodas en Quito y Nebot en Guayaquil, como portaestandartes de una oposición urbana.
No se puede dejar de mencionar una cierta recuperación en capacidad de convocatoria de los movimientos populares sindical e indígena y de los partidos de izquierda tradicional, alrededor de la defensa de los derechos laborales y sociales históricos.
Paradójicamente, los acontecimientos que precipitaron la situación de quiebre fueron diferentes proyectos de ley que golpeaban a las clases trabajadoras clásicas, en unos casos y a los sectores de gran capital inmobiliario y grupos de poder familiar, en otros.
A continuación, bien vale exponer con algún detalle los planteamientos señalados en los párrafos anteriores, donde, además de los contenidos de las normas jurídicas planteadas, es pertinente detenerse en sus formas de construcción política.
Los acontecimientos de abril y mayo del 2015 fueron incididos por los debates y la aprobación de la denominada Ley de Justicia Laboral que, entre otros puntos, planteaba la supresión del aporte estatal del 40% al presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para financiar a largo plazo la jubilación de los trabajadores (Consultar “Mayoría oficialista aprobó reforma”. En: www.elcomercio.com/actualidad/politica-asamblea-nacional-proyecto-ley.html), norma que había estado vigente desde los años 40 del siglo veinte y cuya supresión vulnera fuertemente derechos sindicales adquiridos (Ver el boletín informativo de Cedocut: cedocut.org.ec/la-prensa-informa-sobre-reforma-que-suprime-derechos-laborales-y-de-jubilados/). Cabe indicar que en el proceso de discusión el gobierno no solo que no consideró los planteamientos de las centrales sindicales sino que tomo la iniciativa de formar públicamente otra central sindical afín al oficialismo, denominada Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las agrupaciones sindicales reunidas alrededor del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), respondieron con una serie creciente de movilizaciones, la de mayor trascendencia aconteció en la marcha del 1 de mayo que aglutinó no solo a miles de trabajadores sindicalizados sino que logró colocar tras suyo a sectores de las clases medias.
No hubo protestas que valieran y el presidente Correa rápidamente puso en vigencia esta Ley. En cambio, los acontecimientos de junio estuvieron marcados por los debates alrededor de dos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, recurriendo a la vía de “económico urgente”. El primero, que incrementaba el impuesto a la plusvalía sobre suelos y edificaciones urbanas y rurales, bajo la denominación de reformas al Código de Ordenamiento Territorial (Consultar “Dos proyectos en trámite”.En:www.eluniverso.com/noticias/2015/05/26/nota/4913786/dos-proyectos-tramit...). El segundo proyecto, denominado “Ley Orgánica de Redistribución de la Riqueza” cuya parte sustancial consiste en el incremento del impuesto a las herencias directas con una tabla impositiva que va del 2% al 45% (Consultar “Impuesto a herencia tendrá deducciones”. En: www.elcomercio.com/actualidad/impuesto-herencias-ecuador-rafaelcorreaasa...). El argumento principal del Ejecutivo ha sido atacar a la injusta distribución de la riqueza por la vía impositiva fuerte, donde el Estado asume el rol de controlador y redistribuidor sobre las grandes fortunas.
Es importante detenerse un poco en estos dos proyectos. En primer lugar, señalan “un giro a la
izquierda” en el discurso político del régimen, que durante casi dos años, desde el inicio de su
segundo periodo presidencial consecutivo, en 2013, estuvo marcado por la estrategia del denominado
“cambio de la matriz productiva”, cuyo eje central implicaba una alianza dura entre el gobierno y los
sectores empresariales (Consultar “Correa se reúne con empresarios”. En:
www.vistazo.com/seccion/pa%C3%ADs/correa-sobre-reuni%C3%B3n-con-empresar...)
acercamientos-benefician-al-pa%C3%ADs). En segundo lugar, con ellos el presidente Correa expresa
su horizonte de cambio, de hecho, en una entrevista televisiva manifestó que en ellos estaba presente la esencia de su visión sobre lo que es el socialismo del siglo XXI, apelando a dos fuentes teóricas: las encíclicas del Papa Bergoglio; y el texto del economista Piketty sobre el rol de las herencias en la concentración de la riqueza. (Thomas Piketty (2014). El capital en el siglo XXI. Edit. Fondo de Cultura Económica). (Consultar “Correa defiende Ley de Herencia como justicia social” En: www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101827584#.VZn80FKpKbc).
Estas dos propuestas, lanzadas con el estilo vertical y economicista propio de Correa, abrieron la franca oposición de la derecha, quien, por medio de sus alcaldes, que apelaron al discurso de la defensa de la propiedad y de la familia, ganó rápidamente la adhesión de las clases medias, especialmente urbanas, y se lanzó a las calles, ahora ya no a la cola de las centrales sindicales, como había acontecido en el reciente primero de mayo, sino al frente y dejando descolocados a los sindicatos. En respuesta, Correa apeló a una conciencia de clases por la redistribución de la riqueza, pero “olvidando” que durante todos los años anteriores, precisamente, uno de sus flancos de ataque, fueron las organizaciones sindicales, los partidos de izquierda tradicional y el movimiento indígena, según él por pecar de “infantilismo de izquierda”.
En los tres casos planteados Correa llevo al extremo su estilo legislativo: a) las principales normas legales se aprueban previamente en el Ejecutivo, y queda evidente el rol subordinado de la Función Legislativa; b) la denominada socialización de las propuestas de ley son muy acotadas, no generan consensos sociales; c) están fuertemente marcadas por una lógica tecnocrática, la racionalidad economicista del discurso las legitima, no la construcción política.
Hasta ahora, la legitimidad provino de una hegemonía alrededor del discurso que apela a la modernidad, al progreso y la fidelidad al proyecto que exhibe el caudillo, que tiene un gestor principal en el Estado con un Ejecutivo fuerte. Exactamente así había acontecido, por ejemplo, alrededor de la resolución presidencial de dar por concluida la iniciativa Yasuní y la autorización para iniciar por la exploración y explotación petrolera dentro de la principal reserva de biodiversidad de la amazonia ecuatoriana.
Este proceso político, construido desde arriba, es el que empieza a resquebrajarse, por un lado con el agotamiento de la vía caudillista, ya afectada en el proceso electoral alrededor de la renovación de gobiernos municipales en febrero del 2013 y, por otro lado, con el debilitamiento del poder económico del Estado por la reducción de los ingresos provenientes de los precios altos en los hidrocarburos.
La vía política planteada por Correa, de ir a la reelección indefinida e inmediata de todos los representantes electos, desde concejales municipales, pasando por los legisladores y llegando hasta el Presidente de la República, a estas alturas asoma como fuertemente impopular y jurídicamente inconstitucional, siendo cuestionada.
En el Ecuador actual se presentan nuevos escenarios y, probablemente desde una lectura popular, la problemática central es si los movimientos sociales alternativas y las izquierdas lograrán construir una autonomía necesaria, tanto frente a la opción de derecha como frente a la opción desarrollista, para recuperar en el mediano y largo plazo una capacidad de convocatoria hacia un programa de cambio con transformaciones profundas al orden burgués modernizador apuntalado por el gobierno actual.
Siempre será necesario recalcar que la vía no es una salida golpista (lo cual es recurrente en la historia política del Ecuador), sería un gravísimo error apuntalar cualquier putch cívico – militar, que aborte procesos en maduración, como la renovación de una izquierda popular.
*Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
