Desarrollo rural en Sudamérica, ritual de balance

 
Cada fin y principio de año traen consigo el interés por mirar los principales acontecimientos del período transcurrido y, en la misma medida, en perspectiva de futuro inmediato. Aunque no siempre se pueden agotar los temas, el ejercicio ayuda, al menos, a intentar delimitar las ambiciosas metas que nos proponemos y, al mismo tiempo, aquilatar las cualidades de procesos, a veces demasiado largos, con que transcurren muchas de ellas. Fieles a esa tradición, en el IPDRS les proponemos, como cada año, una mirada retrospectiva a vuelo de pájaro.
En Sudamérica, el final del año 2015 cerró con el temor de una doble amenaza. Por un lado, las consecuencias potenciales de la baja notable en el precio del petróleo, cada vez más barato y, por el otro, de los efectos del cambio climático (sequía en unas zonas e inundaciones en otras), que una vez más llegaban de la mano del fenómeno El Niño.
Hasta el momento, ya habiendo caminado con holgura la primera quincena del nuevo año 2016, la primera amenaza no ha mostrado las garras que se temían, aunque, por cierto, no ha dejado de tener ciertos “efectos sobre el desarrollo económico de varios países, pero en grado menor de lo esperado” (Czaplicki Stanislaw. Año 2015 En: Los Tiempos. 05.01.15). La segunda amenaza, sin embargo, se encuentra en pleno desarrollo y aún es temprano para empezar a cuantificar los daños directos y los colaterales.
Como suele suceder, en ambos casos hay efectos directos e indirectos sobre las actividades y las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones campesinas indígenas, particularmente aquellas que tienen en la agricultura una de sus principales fuentes de subsistencia.
Hasta el momento, las políticas más estables relacionadas con el área siguen siendo bastante conservadoras (seguro agrario, censos agropecuarios, diversos bonos de transferencia monetaria directa y condicionada, y control de precios de alimentos para evitar el encarecimiento de la canasta familiar y, por ende, reacciones conflictivas de las poblaciones urbanas, con peso específico cada vez mayor en la cosecha de votos).
Pero también hay algunas buenas noticias
Hay al menos tres temas que, siendo prácticamente mundiales, afectan de manera directa las corrientes de pensamiento, diálogo y acción en el desarrollo rural regional.
En primer lujar, la Encíclica Laudato Si, segunda encíclica del Papa Francisco fue difundida masivamente en junio de 2015 y provocó numerosas repercusiones no exentas de controversia. Laudato Si, que quiere decir Alabado seas, mi señor, en el dialecto umbro, de la región de la antigua Italia de san Francisco de Asís remite enfáticamente a la responsabilidad de los seres humanos en general y de las y los gobernantes en particular sobre el cuidado del medio ambiente. Un pronunciamiento de la Iglesia Católica que, para algunos, puso el dedo en la llaga de los desafíos incumplidos, principalmente por los países poderosos y, para otros, remite, una vez más, a declaraciones generales de buenas intenciones que se quedarán en el papel. Pero está escrito, por tanto, en cierto modo, existe, añadimos nosotros.
De manera igualmente agridulce fueron catalogadas, las conclusiones y Declaración de la Cumbre del Clima, realizada en París, Francia durante el mes de diciembre pasado, con la participación de representantes de 195 países que llegaron “con la intención de redactar un sustituto para el Protocolo de Kioto. El mismo que “ha fructificado en el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático”, que tiene como objetivo “mantener la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y evitar así impactos catastróficos”.
“(…) El acuerdo adoptado es legalmente vinculante, pero no la decisión que lo acompaña ni los objetivos nacionales de reducción de emisiones. No obstante, el mecanismo de revisión de los compromisos de cada país sí es jurídicamente vinculante para tratar así de garantizar el cumplimiento”
(En: http://www.ecointeligencia.com/2015/12/conclusiones-paris-cop21/).
En tercer lugar, el Foro Rural Mundial (FRM) nos recuerda que, habiendo pasado ya un año desde que terminó el Año internacional de la Agricultura Internacional Familiar (AIAF), declarada en 2014, las acciones en su favor continúan.
Durante el año 2015, se congratula el FRM “(…) hemos dado conjuntamente un paso importante hacia adelante, al garantizar la continuidad del Año Internacional de la Agricultura Familiar, mientras abríamos nuevos frentes de cara al futuro. Destacamos principalmente el acierto que supuso haber definido conjuntamente y con claridad una hoja de ruta para facilitar la continuidad del AIAF-2014, evitando así que el tema pasara al olvido”.
Para que el asunto no quede en buenas intenciones, se propuso el AIAF+10, una “próxima etapa en esta campaña que enfatizará sobre la necesidad de que los países formulen mejores políticas públicas en favor de la Agricultura Familiar, que además “tendrá como temas prioritarios la equidad de género y la juventud”.  Para ello se espera que “El trabajo con los Comités Nacionales de Agricultura Familiar (40 Comités Nacionales siguen trabajando en 4 continentes), la creación de unas Directrices para la promoción de la Agricultura Familiar y el incremento de la conexión entre los Centros de Investigación y las Organizaciones de la Agricultura Familiar, sean los ejes sobre los que pivote esta nueva etapa”.
Los portavoces del FRM son optimistas porque “(…) durante el año 2015, hemos protagonizado juntos avances ilusionantes de cara al futuro: Hemos sido testigos de cómo la REAF (que agrupa a los Gobiernos y Sociedad Civil de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Venezuela) se ha hecho eco del AIAF+10 en sus dos últimas ediciones, mientras que la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa – CPLP (Portugal, Angola, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Brasil, Guinea Bissau, Macao y Timor Oriental), a través de su Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ha apoyado oficialmente la iniciativa AIAF+10, emitiendo la recomendación de subscribir una manifestación conjunta a las Naciones Unidas para declarar la Década de la Agricultura Familiar”.
Con el mazo dando
En los países sudamericanos, sin embargo, estamos convencidos de que las propuestas en materia de Seguridad y Soberanía Alimentaria oscilan entre ofertas más o menos entusiastas (principalmente discursivas, al calor de alguna Conferencia o Encuentro de dignatarios de Estado) y una pobre e insuficiente realidad.
Mientras tanto, siguen siendo imparables el crecimiento de agricultura expansiva para productos alimenticios de exportación y, en directa relación, las tensiones y conflictos por la propiedad y usufructo de la tierra. Esto último ha terminado por enfrentar a campesinos e indígenas en algunas zonas, principalmente las que, según datos oficiales, ofrecen posibilidades para procesos de dotación de parcelas a diversos grupos de movilidad humana provenientes de territorios depauperados.
Pese a ello, es esa población, precisamente, la que sigue dando de comer alimentos frescos a las poblaciones urbanas. En ese horizonte, el IPDRS, junto con otras instituciones de vocación similar, actuando en alianzas y trabajos en red (Movimiento Regional por la Tierra, Foro Andino Amazónico, Movimiento Pan Amazónico, Coalición Internación por la Tierra, y otros) ratifica su opción por investigar, proponer y difundir estrategias exitosas de desarrollo rural de base campesina indígena.
Y en política…
En cuanto al panorama político, una mirada más amplia sobre el mundo muestra que, mientras Europa vive la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial con la llegada de más de medio millón de refugiados provenientes, sobre todo, de Siria, Afganistán, Irak y otros países árabes, la mayoría envueltos en el recrudecimiento de una guerra religiosa que no parecía posible en el siglo XXI, en Sudamérica la economía logró mantenerse relativamente estable y aun cuando hubo varios sismos políticos, la democracia siguió siendo la opción elegida por los países de la región.
Los experimentos populistas y de izquierda comenzaron a perder terreno. El año cerró con cambio de gobierno en Argentina y Uruguay; con una asamblea ganada por la oposición en Venezuela, y con serios problemas de gobernabilidad en Brasil y Chile (sin duda el 2015 fue un annus horribilis para Dilma Rousseff y Michelle Bachelet).
Colombia, en cambio, aparentemente está por resolver el casi centenario conflicto estatal con la guerrilla. Si esto en verdad ocurriera no sólo será considerado un espaldarazo a la democracia y a la gestión del presidente Santos, sino que va a acarrear diversos efectos sobre la vida de la población y las instituciones en general y, sin duda, sobre la de las poblaciones campesinas indígenas de forma particular, puesto que han sido, si no la única, una de las principales víctimas del conflicto (recuérdese los desplazamientos, el despojo de tierras y la imposibilidad de continuar con la producción campesina familiar). 
En Ecuador, sigue en agenda el tenso debate sobre una nueva Ley de Tierras, en medio de un proceso duro y aparentemente impenetrable de continuismo gubernamental con la mano férrea del presidente Correa. Correlativamente, en Bolivia, el presidente Morales ha aceptado “el sacrifico que el pueblo le impone” para buscar un nuevo mandato que prolongue su gestión hasta el 2025, desoyendo las advertencias de analistas y de la oposición sobre el posible efecto negativo de una posible tercera relección en la democracia. El tiempo dirá.