TRIUNFO CAMPESINO SOBRE MONSANTO BAYER EN 2018 | Land Portal | Securing Land Rights Through Open Data

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Date of publication: 
January 2019
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ISBN / Resource ID: 
IPDRS-Diálogos-233
Pages: 
6
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IPDRS

TRIUNFO CAMPESINO SOBRE MONSANTO BAYER EN 2018
 
Rodrigo Bernardo Ortega Bejarano *
 
El 17 de diciembre de 2018 quedará inscrito en la historia como un día fundamental para el reconocimiento de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo. Ese día la Asamblea General de Naciones Unidas, siguiendo la línea del Consejo de Derechos Humanos de la misma organización adoptó la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales”. Aunque el documento fue el resultado de un arduo proceso iniciado a mediados de 2001 e impulsado por organizaciones como la Vía Campesina, tuvo una férrea oposición desde diversos sectores, entre ellos, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, dos de los pesos pesados en el Consejo de Seguridad de la ONU. Al observar de cerca el texto es posible reconocer el porqué de esa actitud. En efecto, el documento contiene una serie de principios que buscan proteger los derechos de las poblaciones rurales que, según estimaciones, ascienden a la mitad de la población mundial pero cuyas condiciones de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son cercanas a 80% (https://bit.ly/2FousAf). Para Gran Bretaña y otros de sus socios económicos, la declaración puede poner en peligro los intereses de las multinacionales de alimentos pues dentro de los valores consignados se promueve la libertad de siembra, asociación, opinión y expresión de los campesinos, algo que resulta un desafío para estos emporios.
De acuerdo con el relator especial sobre el derecho a la alimentación, Oliver Schutter, la declaratoria sugiere una enorme contribución en materia de bienestar para los campesinos en al menos cuatro dimensiones. Primero, contribuirá a la lucha contra el hambre en las zonas rurales; segundo, permitirá proteger la agricultura familiar de pequeña escala de las intenciones depredadoras de las grandes empresas agroindustriales; tercero, aumentará el acceso a los medios productivos por parte de los campesinos; y finalmente significará un instrumento regulatorio enmarcado en el derecho internacional que implica un avance notorio en el reconocimiento de los trabajadores del campo (https://bit.ly/2H6KMbc). Con todo, la declaración sugiere un paso significativo para los campesinos y campesinas del mundo en la permanente lucha por la afirmación de sus derechos. ¿Por qué la resolución simboliza un duro golpe a las empresas multinacionales como Monsanto-Bayer? En base a los principales puntos de la declaración, el presente documento busca desentrañar las consecuencias que tendrá para los emporios económicos la histórica decisión de la ONU.
El primer paso fue la aceptación en el Consejo de Derechos Humanos por 33 votos a favor liderados por Cuba y Ecuador, 11 abstenciones entre las que se destacan los casos de Alemania (casa matriz de Bayer) y Brasil, y tres votos en contra Australia, Hungría y Gran Bretaña.
Finalmente, el proceso llegó a la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el contexto de la 73ª periodo de sesiones, en la cual de 193 Estados, 121 votaron a favor, 54 países se abstuvieron y 8 lo hicieron en contra. Además de los tres mencionados, al voto en contra se sumaron, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Israel, Nueva Zelanda, Suecia.
Un motivo de vergüenza mundial fue la decisión del gobierno colombiano (cuya población rural representa al menos 20% del total y la pobreza tiene un índice de 36 (https://bit.ly/2UULkUE). LA decisión del gobierno de Colombia refleja caracteriza el gobierno de Iván Duque respecto a la desprotección de los derechos de los trabajadores del campo.
A pesar del triunfo contundente y el apoyo a los campesinos en el mundo, las decisiones adoptadas por la Asamblea General de la ONU no son vinculantes, es decir, sólo marcan objetivos o derroteros que las naciones pueden acoger o no. Además, debe tomarse en cuenta la tendencia al ascenso de gobiernos de derecha cada vez más radicales, lo que significa una afrenta a los derechos humanos.  
Ahora bien, la declaración comienza con la definición de campesina o campesino, entendida como una mujer u hombre que tiene una relación directa con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas (art. 1). Dentro de esta categoría se incluyen las comunidades locales, familias y demás grupos que trabajan la tierra, así como las personas indígenas dedicadas a dichas labores. También son campesinos, los individuos que por distintas circunstancias no poseen territorio y cuya única alternativa es vender su mano de obra. Generalmente, los campesinos y campesinas son personas sin acceso a condiciones dignas de supervivencia, razón por la cual, la declaración propone una serie de derechos a título individual y colectivo que sugieren la protección de la libertad en un marco de igualdad fundada sobre la no discriminación por su condición económica y sociocultural (art.2).
Un punto fundamental en relación con lo anterior es la soberanía alimentaria que comprende “el derecho a una alimentación saludable y culturalmente apropiada, producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y el derecho a definir sus propios sistemas de alimentación y agricultura” (https://bit.ly/2HfOn6O). Este concepto que ha sido históricamente construido por organizaciones campesinas es fundamental para entender sus luchas y demandas y, al tiempo, implica una amenaza latente para las multinacionales alimentarias como Monsanto-Bayer. En efecto, al hablar de soberanía alimentaria se hace referencia al reconocimiento de sistemas ancestrales y autóctonos en la producción de alimentos y en la explotación pesquera sostenible, algo que va en contra de los intereses de las grandes empresas cuya motivación es la maximización de las ganancias. Mientras un sistema local promueve la diversidad en la producción de alimentos, Monsanto insiste en la compra de amplias extensiones de tierra para sembrar monocultivos que generen excedentes y vender a otras regiones del mundo. Los alimentos como negocio y no como derecho. De ahí que, la declaración signifique un avance notable en el reconocimiento de los productores locales.
Así mismo, el artículo tercero de la resolución plantea una serie de derechos relacionados con la vida, la dignidad y un nivel adecuado de desarrollo que incluye el hecho de que ningún campesino pueda ser “acosado, desalojado, perseguido o detenido arbitrariamente”. Esto se relaciona con las condiciones de vida de millones de trabajadores del campo en el mundo, que debido a su situación económica han adquirido grandes deudas, han tenido que vender sus riñones o incluso han llegado a suicidarse por la presión que implica la disputa por sus tierras y la afectación a sus modos de vida.
A propósito de la multinacional, uno de los puntos de declaración sostiene explícitamente que “los campesinos tienen derecho a vivir una vida saludable y no ser afectados por la contaminación de productos agroquímicos como los pesticidas y fertilizantes químicos”. Este parágrafo tiene un destinatario específico: la empresa norteamericana que con sus productos ha generado una crisis mundial en la manera de producir y distribuir los alimentos.
Desde esta perspectiva, la declaración de los derechos campesinos es un paso histórico para limitar el poder de influencia de Monsanto y demás empresas que monopolizan el mercado alimentario mundial. Amparados por el sistema de Naciones Unidas, pese a no ser vinculante y estar supeditada a las decisiones de cada gobierno, los campesinos disponen de un valioso instrumento para protegerse de la violencia de estos grupos económicos, y más importante, tendrán autonomía en sus sistemas de producción, por eso, la resolución es un mecanismo de presión internacional muy valioso.
Esto es relevante en un país como Colombia donde el nivel de desigualdad en el campo alcanza 89,7%. De las más de 114 millones de hectáreas con las que cuenta la nación, 54% está concentrada en propietarios privados y el porcentaje real de pertenencia a campesinos es inferior a 20%. Casos como el de Quibdó donde menos de 1% de los propietarios privados es el dueño de 94% del territorio rural, ejemplifican la difícil situación de los campesinos en Colombia (https://bit.ly/2E5yyOJ). A esto hay que sumarle la constante violencia de la que son objeto los trabajadores del campo, los desplazamientos y la poca cobertura en servicios básicos con la que cuentan. Por tanto, la declaratoria puede significar una oportunidad sin parangón para reconocer los derechos de uno de los actores más afectados por el conflicto armado. No obstante, la decisión de abstenerse a reconocer la declaración demuestra la poca disposición del gobierno de Duque de proteger a las campesinas y campesinos de su país.
Por otra parte, uno de los puntos neurálgicos en la declaración es el “derecho a las semillas y al saber y la práctica de la agricultura tradicional” (art.5). En este acápite se consignan las libertades que tienen los campesinos para determinar la variedad de semillas que quieren emplear. Del mismo modo, los empodera para rechazar la multiplicidad de plantas que consideren nocivas en términos económicos, culturales o ecológicos y a evitar el modelo agroindustrial. Nuevamente, el apartado significa una afrenta a los proyectos de empresas como Monsanto-Bayer que han buscado históricamente restringir los canales de producción local y han limitado a gran escala la biodiversidad. En efecto, por medio de costosos bufets de abogados, la multinacional ha buscado ocultar sus crímenes en contra de la humanidad, aunque no siempre se ha salido con la suya. Un ejemplo de ello fue la multa de 289 millones de dólares que el gigante económico deberá pagar a un campesino, luego de que un jurado en Estados Unidos determinara que el cáncer terminal que padece fue la consecuencia de exponerse a los agentes químicos de Monsanto (https://bit.ly/2w8COFM). La resolución es también una oportunidad para proteger a millones de campesinos del mundo de la exposición a productos cancerígenos y que afectan al medio ambiente.
En tal sentido, los campesinos podrían gozar de mayores libertades al no estar avocados a la compra de semillas y pesticidas de la multinacional. Atrás quedará la dictadura alimentaria que obligaba a los trabajadores del campo a sembrar determinada especie de semilla (genéticamente modificada) bajo el temor de ser encarcelado (https://bit.ly/2Fnrehp). Con la resolución se promoverá la biodiversidad biológica (art.10), la protección del medio ambiente (art.11), las libertades de asociación (art.12) y el acceso a la justicia (art.13), elementos claves para el reconocimiento de incansables luchadores sociales. El paso que acaba de dar el sistema de Naciones Unidas es tan sólo una primera conquista de los campesinos que tendrán que estar preparados para la arremetida de las multinacionales y gobiernos que buscarán a toda costa evitar la aplicación de la declaración. En tanto que las demandas a favor de la protección de los derechos de los campesinos y campesinas del mundo debe continuar.
¡LA LUCHA APENAS COMIENZA!
 
 * Colombiano de los sesentas (1.961), periodista digital independiente, por su formación académica ha adquirido mucha preocupación por el mundo en general, así como por la región de América del Sur y su país en particular.
De pensamiento crítico, sus artículos se dirigen a analizar las situaciones políticas, ambientales, deportivas y socioeconómicas de Iberoamérica. Preocupado por las relaciones de desigualdad en el mundo, busca siempre dar voz a LA OTRA OPINIÓN.
Siempre trata de escribir sus artículos en lenguaje sencillo, dirigidos al gran público, acompañados de imágenes clarificadoras o divertidas, basando la información suministrada en datos confiables que se pueden consultar en fuentes independientes.
No suministra mayor información adicional, pues su interés no es publicitar su nombre y ejecutorias, sino SUS IDEAS.
 

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Author(s), editor(s), contributor(s): 
Rodrigo Bernardo Ortega
Publisher(s): 

El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2009 para promover enlaces, sinergias y acciones de desarrollo rural de base campesina indígena en la región sudamericana.

El IPDRS ejecuta proyectos, realiza consultorías y evaluaciones y gestiona servicios de fortalecimiento de capacidades de desarrollo rural en Sudamérica a través de las líneas de: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN, COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO e INTERAPRENDIZAJE.

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