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Jujuy, Argentina
1 de agosto de 2017
En este artículo quiero reseñar algunas características básicas de las poblaciones rurales de la Provincia de Jujuy, República Argentina. El mismo está planteado como una introducción general y con vario aspectos particulares que poseen alto valor heurístico. El estado del arte es abundante al respecto, pero no pretendo aquí hacer una síntesis del mismo, sino reseñar algunas generalidades que pueden servir al lector para profundizar en problemáticas más específicas.
En primer lugar debo enunciar qué se entiende por poblaciones rurales en el contexto de la provincia de Jujuy. En principio es de conocimiento general entre los investigadores de las ciencias sociales que existe un criterio demográfico utilizado para contrastar con las poblaciones urbanas. Este criterio puede variar respecto de los límites demográficos acordados para diferenciar un tipo de población respecto de la otra. En el caso de Argentina el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fijó como límite un valor inferior a 2000 habitantes por centro poblacional. Este criterio es extensivo a todas las Direcciones Provinciales de Estadísticas y Censos. Por ende es aplicado en todos los relevamientos de datos realizados por entidades públicas oficiales y privadas.
En consecuencia, en la Provincia de Jujuy, al referirnos a poblaciones rurales, debe quedar claro que hablamos de aquellos centros poblacionales que no superan los 2000 habitantes.
Una tendencia general en la República Argentina es un predominio indiscutible de la población urbana por sobre la rural. El 91% de la población reside en ciudades mientras que el 6% reside en forma dispersa y el 3% restante se ubica en pequeños núcleos poblacionales. (INDEC 2012)
La Provincia de Jujuy no es la excepción, ya que en la actualidad el 87% de la población reside en las principales ciudades del distrito. El 13% restante representa a los habitantes de las zonas rurales.
No obstante, esta minoría demográfica no es uniforme en sus otras características. Las diferencias existentes están sustentadas en las particularidades ambientales y ecológicas, económicas, culturales e históricas.
Las características geográficas y ecológicas de Jujuy consisten en la diferenciación de cuatro regiones: el altiplano andino o Puna (de 3000m. a 4500m. sobre el nivel del mar), el borde oriental de la Puna surcado por la Quebrada de Humahuaca (entre 3000m. y 2000m. snm) y por las Yungas o selvas de montaña (2000m. a 1300m. snm), los valles húmedos (1300m. a 500m. snm) del SE, y franjas de bosque chaqueño hacia el E. (500m. snm)
Las relaciones entre las poblaciones rurales de estas regiones geográficas estuvo atravesada por los procesos de desarrollo del Capitalismo, concretamente en la agrodindustria que se desarrolló en las Yungas y los Valles; y la instalación de enclaves mineros en la Puna. Sus procesos de acumulación originaria, e intensificación de las relaciones de producción capitalista otorgaron un papel central a las poblaciones rurales en cuanto abastecedoras de mano de obra estacional a bajo costo. Esta condición fue impuesta de manera violenta y compulsiva; puesto que generaron mecanismos de captación de fuerza de trabajo que apelaban a la agudización de la concentración de la tierra, que a comienzos del s.XX estaba en manos de grandes terratenientes. Gran parte de las poblaciones rurales, que subsistían como campesinos indígenas, carecían de la propiedad de las tierras que pisaban y cultivaban. Estaban sometidos por el arriendo que pagaban a grandes terratenientes latifundistas ausentistas. Esta problemática estructural fue heredada de la estructura de Sociedad de Haciendas del período de dominación colonial, en el que una minoría de encomenderos españoles y su descendencia criolla se hicieron con la posesión de gran cantidad de hectáreas de tierras (Rutledge, 1987).
En la actualidad continúa siendo uno de los principales problemas estructurales de la Provincia de Jujuy. Su continuidad ha sido foco creador de no pocas tensiones latentes entre una población creciente y demandante de tierras para su establecer sus lugares de vivienda y una concentración de la propiedad aguda.
La sumatoria del desarrollo de la agroindustria, y de la minería en la región de la Puna, provocó como consecuencia una semiproletarización de las poblaciones rurales. Alternando ciclos estacionales de cosecha en las grandes plantaciones de caña de azúcar, tabaco, cítricos y hortalizas en las Yungas y el bosque chaqueño, con la pequeña producción hortícola y ganadera de subsistencia y bienes artesanal. Por ello se generaron migraciones estacionales entre las tierras bajas y las tierras altas de la Provincia de Jujuy y parte del sur de Bolivia.
Sin embargo hubo períodos de transformación productiva en los enclaves agroindustriales y mineros que expulsaron grandes cantidades de fuerza de trabajo. En la década de 1960 los enclaves azucareros reconvirtieron sus métodos de producción con la mecanización de las cosechas o zafra. Y en la década de 1990 los centros mineros clausuraron su producción por la caída de los precios internacionales o redujeron el personal contratado. La consecuencia lógica fue un creciente desempleo; esto no redundó en un retorno de esos trabajadores estacionales a los campos. La tendencia fue a la concentración en las ciudades de los Valles y Yungas, tales como San Salvador de Jujuy, Perico, San Pedro de Jujuy y Libertador General San Martín. (Benencia y Karasik 1995; Conti, Teruel y Lagos 1988; Karasik 1992, 1991, 1987; Santamaría y Lagos 1992; Santamaría 1984, 1986, Bisio y Forni 1976;) El Estado provincial fue el principal sector en absorber gran parte de la mano de obra desempleada, superando ampliamente a la totalidad del sector privado como empleador.
Actualmente las poblaciones rurales permanecen mayoritariamente en la Puna y la Quebrada de Humahuaca. La reapertura de algunos centros mineros a comienzos del 2000 provocó que las poblaciones de la Puna continuaran combinando el trabajo asalariado con la actividad ganadera, básicamente el pastoreo de camélidos y ovinos. En la quebrada de Humahuaca están orientadas a la producción hortícola para el mercado regional.
No obstante estos procesos, el Estado provincial puso en práctica diversas políticas destinadas al sector rural, desde las miradas desarrollistas de la década de 1960 hasta los enfoques multiculturales y globalizadores de la década de 1990. Estas políticas estuvieron destinadas a modernizar las producciones locales y conectarlas a diversos mercados nacionales e internacionales. Sin embargo esto no tuvo mucho éxito, en donde hubo varios factores intervinientes. La mayoría de los proyectos estuvieron aplicados a modernizar la producción ganadera de camélidos, trasplantando modelos productivos existentes en la región rio platense de la Argentina. El etnocentrismo que configuraba estos proyectos condujo a no comprender las lógicas de producción material y simbólica de las poblaciones de la Puna, fuertemente ancladas en una cosmovisión andina. Esto no significa que esas personas desconozcan las lógicas urbanas, occidentales y modernizantes, ya que las han experimentado a lo largo del s.XX pero de forma opresiva y estigmatizante.
Más recientemente las políticas de desarrollo estuvieron orientadas a renovar las estrategias de mejoramiento de la producción de camélidos; la diferencia reciente es que fueron integradas junto a otras estrategias como el desarrollo de los servicios turísticos en las poblaciones locales. Es decir vincular el recurso ganadero como proveedor de productos alimentarios y materias primas textiles con actividades de esparcimiento como el turismo aventura tales como el caravaneo con llamas. Todo ello como parte de la promoción de los modelos de turismo rural de base comunitaria. Varias comunidades rurales han incursionado en esta forma de organización productiva, pero sin lograr aún generar los resultados esperados: es decir acumulación de pequeños capitales para reinvertirlos en la mejora de sus condiciones de vida y la sustentabilidad de los negocios turísticos.
Otra diferencia fundamental en estas nuevas políticas de desarrollo es la apropiación del universo simbólico andino. La aplicación más palpable es la mercantilización de las creencias religiosas tales como la Pachamama, el carnaval tradicional de la Quebrada de Humahuaca con toda su parafernalia y rituales, o los rituales religiosos masivos como las peregrinaciones de altura. Es decir una apropiación con resignificaciones acordes a las lógicas de mercado.
Una variante de estos proyectos es el aprovechamiento de la fibra de lana de vicuña. En la Provincia de Jujuy la población de vicuñas tuvo una notable de recuperación. Según la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, esta recuperación promedió los 50.000 ejemplares distribuidos en el altiplano puneño y las cordilleras que lo circundan. La explotación de este recurso aún es experimental e involucra el trabajo con algunas familias rurales de la Puna húmeda, en el NE de la Provincia. Allí las agencias estatales trabajan con las familias recuperando algunas metodologías originarias para obtener la fibra de la lana de vicuña; se trata del uso del “Chaku” o redada comunitaria, práctica inspirada en el método incaico para capturar las vicuñas con el menor daño posible para esquilarlas y luego liberarlas. En la actualidad varias familias están instituyendo este método y también están aprendiendo el procesamiento de la fibra de lana de vicuña para su uso textil. Varias de ellas tienen experiencia en la producción artesanal de textiles en lana de llama, sin embargo los conocimientos para la limpieza e hilado de esta fibra no son aplicables para el caso de la vicuña. Y desde el período colonial que no se práctica esta variante de explotación de camélidos en el altiplano jujeño.
Otra estrategia es la producción de cultivos de altura para mercados internacionales en la zona húmeda de la Puna; es así que agentes estatales y ONGs invirtieron recursos para que las comunidades rurales multipliquen la producción de semilla de quinua y su acopio para la exportación. Estos proyectos estuvieron orientados a la agricultura familiar de altura. Uno de los obstáculos principales de estos emprendimientos es la dependencia de Bolivia respecto de la provisión de las semillas, ya que las variedades que se producen localmente no permiten replicar la calidad demandada por los mercados de destino.
Durante la última década hubo una reactivación de la minería en el altiplano, lo que produjo una nueva atracción de mano de obra de las poblaciones rurales locales. Esta tendencia comenzó un nuevo ciclo de desarrollo de enclaves mineros, con características diferenciales de los ciclos anteriores. La baja inversión en tecnología a cambio de métodos extractivos altamente agresivos de la minería a cielo abierto también repercutió en la baja inversión en mano de obra. La minería a cielo abierto implica la destrucción masiva de formaciones geológicas mediante dinamitado, y la posterior separación de los minerales de la roca estéril mediante el rociado de cianuro, luego el mineral es recogido y embarcado. El producto es la obtención a bajos costos de oro, plata, y otros minerales más raros. Esta metodología de producción también resulta agresiva hacia los territorios de las comunidades rurales, puesto que el extractivismo intensivo obliga a avanzar sobre nuevas formaciones geológicas vírgenes, y el uso del cianuro amenaza a las fuentes de agua dulce.
A ello se suma una nueva rama de la minería, que es la explotación del litio. Actualmente en ciernes, es una actividad que tiene su foco en los espejos de sal o salinas y salares del altiplano y los métodos usados para la extracción del litio implican la afectación de las fuentes de agua dulce. Las poblaciones rurales circundantes a las salinas y salares están especializadas en la extracción de sal para su comercialización; recientemente esta actividad también se convirtió en un atractivo turístico que derivó en la oferta de otros productos en sal, tales como artesanías.
Pero la instalación de corporaciones multinacionales interesadas en la explotación del litio está generando nuevas tensiones sobre los territorios de las poblaciones rurales. En algunos casos hubo poblaciones que llegaron a ciertos acuerdos de convivencia con estos nuevos actores capitalistas. Pero también otras poblaciones han devenido en movimientos originarios o indígenas que reclaman por la propiedad de sus tierras, y que permanecen activados en la lucha por sus territorios.
Al trasladar nuestras miradas a las poblaciones rurales de las yungas y los valles, la situación no les es más favorable. La principal razón, como lo contamos en párrafos anteriores, radica en el carácter dominante de la agroindustria capitalista, con una aguda concentración y centralización de la propiedad de la tierra en las corporaciones empresariales y grandes terratenientes.
Esto relegó a las poblaciones rurales a un lugar de “reserva” de fuerza de trabajo conforme las fluctuaciones de demanda del mercado laboral. Estas oscilaciones se alternan con la producción parcelaria agrícola doméstica para autoconsumo y el trabajo artesanal de bienes destinados a los mercados locales; se suman la alternancia con otros ciclos estacionales de mercados laborales agrícolas y ganaderos de otras provincias vecinas; y una más reciente búsqueda de inserción en el Estado Provincial, que en su condición de empleador es el que ofrece mayores garantías de estabilidad laboral y seguridad social, a expensas de sueldos bajos y el enorme déficit fiscal que padece endémicamente. Este escenario implica migraciones internas de las franjas etarias más jóvenes y en muchos casos con radicación definitiva en las ciudades aledañas a las Yungas.
Es decir que, en comparación con las poblaciones de las tierras altas (Puna y Quebrada de Humahuaca), sus homólogas de las tierras bajas están en un mayor deterioro social y económico.
Un último aspecto, de carácter central en la incidencia sobre las poblaciones rurales es la Frontera Nacional. La Frontera representa mucho más que una línea demarcadora que separa los territorios de los Países; como lo plantea Trinchero (2000) es una estructura social en sí misma cuando nos habla de “Formación Social de Frontera”. Una estructura intensamente dinámica, tensionante y conflictiva, que también configura constantemente categorías de clase social, étnicas e identitarias (Slavutsky, 2007) que tornan a la cultura de Jujuy en un universos abigarrado de sentidos, significados, reglas y clivajes. De ello se derivan algunos “efectos de frontera” tales como los circuitos de migraciones salida y retorno entre poblaciones rurales de Argentina y Bolivia, el uso de los espacios rurales para actividades comerciales no reconocidas por el Estado, y la presencia de dispositivos estatales en Argentina que históricamente cumplieron un rol homogenizador del bagaje cultural de esas poblaciones rurales e itinerantes, nos referimos a la Escuela Pública y el Sistema de Salud. Además de los dispositivos represivos de control de frontera que actuaron como preservadores de las relaciones opresivas de las poblaciones rurales. Esto que llamamos “efectos de frontera” también es un factor fundante del Capitalismo agroindustrial de Jujuy, dado que se sirve de los mismos para lograr un control más sistemático de la fuerza de trabajo.
Para cerrar este breve artículo, comprender los procesos que atraviesan las poblaciones rurales en Jujuy implican analizar y relacionar las dinámicas desiguales y tensas del Capitalismo regional y sus intersecciones con la dinámica del Estado Nacional Argentino y el Estado Provincial de Jujuy. Las dimensiones políticas de estos últimos también se entrelazan entre los intereses de los grandes Capitales agroindustriales y mineros, y las demandas y luchas de las poblaciones rurales por liberarse de la fuerte opresión que experimentan a diario, a expensas de la búsqueda por resistir y empoderarse mediante la apropiación de márgenes de acción propios entre las fisuras de las desigualdades sociales instituidas por el Sistema Social local jujeño.
Bibliografía
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