Escrito por:
ROBERT MUR
BUENOS AIRES. CORRESPONSAL.
La Fiscalía rebaja los muertos en las protestas el mismo día de una matanza rural.
El presidente Iván Duque no da su brazo a torcer y sigue enseñando la mano dura para reprimir con fuerza las protestas, pese a las quejas internacionales. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará al país el 8 de junio para investigar las denuncias de abusos policiales y crímenes supuestamente cometidos por funcionarios del Estado, que dejan medio centenar de muertos desde el inicio de la revuelta.
No obstante, el baile de cifras es considerable en función de si la fuente es oficial o no. En un país donde la violencia armada se ha normalizado durante años con guerrillas, paramilitares, sicarios, narcotráfico y peligrosa delincuencia común, el riesgo es, como considera la Fiscalía, que muchos asesinatos que no tienen relación con la revuelta se atribuyan a las protestas y a los cuestionados antidisturbios.
Un grupo paramilitar irrumpe en la finca del padre de un exguerrillero y mata a nueve personas
La Fiscalía y la Defensoría del Pueblo presentaron ayer un informe conjunto donde rebajan a 20 las muertes relacionadas directamente con la actual ola de protestas, que comenzó el 28 de abril. Hasta ahora, la cifra admitida, y avalada incluso por el Defensor del Pueblo, era de 48 fallecidos, pero ambos organismos coinciden en que al menos 19 de esos decesos no tienen nada que ver con las movilizaciones y los nueve casos restantes siguen sometidos a investigación.
De las 20 muertes oficiales, 14 ocurrieron en la región de Valle del Cauca y la mayoría en su capital, Cali, la tercera ciudad del país, convertida en epicentro de las protestas. Otros tres fallecimientos se produjeron en la región de Cundinamarca y solo uno en los departamentos de Cauca y Tolima, y en Bogotá. El informe recoge 419 denuncias de desapariciones pero aclara que 308 personas ya han sido localizadas y se sigue tratando de encontrar a 111.
Las oenegés defensoras de los derechos humanos tienen otra visión. Temblores, la organización que está llevando un exhaustivo recuento de los abusos policiales, que superarían los dos millares, asegura que las protestas ya acumulan 60 muertos, de los cuales 43 habrían sido cometidos por las fuerzas del orden.
Las autoridades investigan además a diez policías acusados de pasividad ante la presencia de civiles armados disparando contra manifestantes en Cali. El caso más flagrante fue el de un miembro de la Fiscalía que el viernes, supuestamente fuera de servicio y vestido de paisano, abrió fuego y mató a dos personas de un piquete, ante los ojos de la policía, y luego fue linchado y asesinado por una turba.
El viernes se cumplía un mes del inicio de las protestas y los disturbios fueron sangrientos en Cali, donde perecieron entre 7 y 14 personas, y 98 resultaron heridas, de las cuales 54 por disparos. Aunque la Fiscalía no considera todas esas muertes relacionadas con la revuelta que exige mejoras sociales al Gobierno de Duque, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se hizo eco el domingo de las denuncias y envió un enésimo toque de atención al mandatario conservador. “Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, dijo Bachelet.
Los incidentes de Cali motivaron que Duque triplicara el envío de tropas militares a esa región para levantar los numerosos bloqueos de vías instalados por los piquetes, haciendo languidecer aún más la negociación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP). Ambas partes se reunieron el domingo y luego se acusaron en sendos comunicados de no querer avanzar. Mientras el Ejecutivo exige “que cesen para siempre en Colombia todos los bloqueos”, antes de firmar un preacuerdo que establecería una mesa de diálogo, el CNP asegura que Duque tiene solo una “simulada voluntad de negociación”.
Además, la violencia que se está enquistando en las principales ciudades desvía la atención de las masacres contra campesinos y líderes comunitarios que en los últimos días se han acelerado y que, aunque no tengan una relación directa con los disturbios, figuran entre las demandas del CNP, que exige que el Gobierno las frene.
La última muestra es la muerte de nueve personas en Algeciras, localidad rural de la región de Huila, acribilladas ayer por un grupo paramilitar en una finca propiedad del padre de un exguerrillero de las FARC. En mayo, la población de Restrepo, en Valle del Cauca, fue escenario de una matanza similar, cuando hombres armados mataron a seis personas en un bar.
Noticia publicada por la pagina La Vanguardia .