La creación de Areas protegidas (AP) en la década del 70 se dio sobre espacios ocupados por pueblos indígenas. Durante 20 años no existieron demasiados conflictos entre estas áreas y los habitantes ancestrales. Pero con el ascenso del movimiento indígena en los años 90 y sus demandas territoriales, sumada a un marco de crisis general la presión sobre las AP creció. El movimiento político indígena las reclamó como parte de sus territorios. El Estado en forma reactiva, creó convenios de manejo (de uso) que permitieron una cohabitación dentro de las AP.

El Estado Colombiano reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación, la Constitución Política de Colombia define los derechos y garantías de las comunidades étnicas, al considerarlas como sujetos de especial protección constitucional, en razón, a la vulnerabilidad y amenaza, que pone en riesgo su supervivencia. Por su parte, en concordancia con la Constitución Política del país, la Ley 685 de 2001 define en su contenido la relación existente entre las comunidades indígenas y afrocolombianascon la actividad extractiva minera en el país.

In the five years following its historic 2016 peace accord, Colombia has seen a surge of forest razing and land clearance amid continuing unrest in the countryside. The rate of tree loss, which greatly lowers the country’s chances of meeting its zerodeforestation goal by 2030, is tied to conflict and violence. These ties are complex. Deforestation began to rise soon after the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), which had operated mostly from rural areas, declared a ceasefire in December 2014. It then gathered steam after the 2016 accord was signed.