Por: Olga Patricia Rendón
El Acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, el 24 de noviembre de 2017, buscó desentrañar las causas del conflicto, que eran, según concordaron las partes, las desigualdades económicas y sociales de los habitantes del campo, y la falta de participación en política de los que no coinciden con el discurso hegemónico.
Hasta el momento, el segundo factor se ha implementado con el estatuto de la oposición y las curules para los exguerrilleros. Pero la Reforma Rural Integral, con la que se prometía el cambio en la vida de los labriegos dándoles acceso a la tierra y créditos, mejorando las vías, permitiéndoles el acceso a la salud, la educación y la asistencia técnica, rueda muy lento.
Alejandro Reyes, experto en tierras y asesor del punto uno del Acuerdo (Reforma Rural Integral: hacia un nuevo campo colombiano), dijo que el avance en el Gobierno de Juan Manuel Santos fue parcial: se crearon tres agencias (Nacional de Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio) y con el Decreto Ley 902 nació el Fondo de Tierras.
Ya la Agencia Nacional de Tierras ha formalizado 1.573.000 hectáreas de las 7 millones que tiene como meta, dándole seguridad jurídica a 55.000 familias, y ha ingresado al Fondo de Tierras, que dotará a campesinos pobres, 525.611 hectáreas de las 3 millones proyectadas.
Los pendientes
Pero las grandes tareas de esa reforma rural siguen a la espera: el catastro multipropósito, (que definirá la propiedad y uso del suelo), la delimitación de zonas no susceptibles de utilización (colectivos étnicos o ambientales, baldíos, páramos), reunir en una sola arquitectura el proceso agrario, y los planes de ordenamiento de propiedad por la metodología de barrido territorial, que como señaló Reyes, “quedaron en veremos”.
Incluso, el mismo Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido surgido de las Farc, señaló en un comunicado en el que se declaraba oposición al Gobierno: “reconocemos la imposibilidad de alcanzar la implementación total de lo acordado en un plazo breve, pero observamos con enorme preocupación y hasta con verdadera indignación, el bajo nivel de cumplimiento por parte del Estado”. Y agregó que “la Reforma Rural Integral no se ve por ninguna parte”.
El más reciente informe del Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo, dice que el punto más rezagado es el de la Reforma Rural Integral. Aunque celebra avances, lamenta que, por tercera vez, por falta de voluntad política, se archivara el proyecto de ley que regula el Sistema de Catastro Multipropósito, ya que “es una herramienta fundamental para la planeación y la inversión productiva en el campo”. También se preocupa por la viabilidad financiera a mediano y largo plazo de toda la reforma, que se calcula costará 110 billones de pesos.
“La implementación de este punto es necesaria para transformar el país y atender una de las brechas más profundas de desarrollo y una deuda histórica: la pobreza, exclusión y victimización masiva de la población rural en varias regiones periféricas del país”, dice el informe.
Por otra parte, los que han estado vinculados a la implementación del punto uno del Acuerdo, desde el Gobierno, opinan otra cosa: “Quienes dicen que el proceso no avanza pierden de vista que las metas son a 10 o 12 años. Si el Gobierno de Iván Duque sigue al ritmo que hemos avanzado durante estos dos años, se pueden cumplir en la mitad del tiempo”, explicó un funcionario que trabajó en una de las nuevas Agencias del Ministerio de Agricultura en el gobierno anterior y continúa en el actual, pero pidió reserva de su identidad.
¿Cómo van los recursos?
Aunque en el Presupuesto General de la Nación el sector agro tendrá recursos similares en 2018 y 2019 (en discusión en el Congreso), la repartición muestra a qué le dará prioridad el Gobierno de Duque.
La Agencia de Desarrollo Rural, encargada de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y rural para la transformación del campo y adelantar programas con impacto regional, contará con 516.628 millones de pesos, mientras en 2018 tuvo un presupuesto de 205.240 millones.
A la que mejor le va es a la Agencia para la Renovación del Territorio, encargada de elaborar los Planes de Desarrollo Territorial (Pdet) y pequeñas infraestructuras priorizadas por las comunidades, que pasará de $98.100 millones asignados este año a $315.727 millones.
Mariana Escobar, quien dirigió la Agencia de Renovación del Territorio hasta el 7 de agosto pasado, celebró en su último acto público, en Arauca, que “hicimos un esfuerzo grande para dejar un marco fiscal a los Pdet y lo logramos en el Conpes 3932 que es el Plan Marco de Implementación del Acuerdo”.
La que más sufrirá por plata será la Agencia Nacional de Tierras, encargada de la legalización de predios, del barrido predial territorial y del catastro multipropósito, que había pedido 1 billón 128.807 millones de pesos para el 2019, de los que solo recibirá $141.134 millones. En 2018 tuvo asignados 282.421 millones de pesos.
Y la Unidad de Restitución de Tierras contará con $250.067 millones, mientras en 2018 eran 234.003 millones.
Lo que se puede interpretar es que habrá una mayor inversión en bienes públicos y menos a resolver el problema de la tenencia de la tierra en Colombia, ya que las agencias de inversión fueron priorizadas en el presupuesto.
El nuevo Gobierno
Borja Paladini Adell, representante para Colombia del Instituto Kroc, explicó que “la implementación es secuencial, no se implementa de golpe”, y aseguró que el Gobierno anterior dejó “bases importante que le sirven al nuevo para impulsar el ejercicio necesario para romper las brechas entre lo rural y lo urbano, garantizar los derechos de los campesinos e integrar los territorios más apartados del país en procesos de reconstrucción de paz y modernización”.
EL COLOMBIANO trató de conocer si la Reforma Rural Integral será prioridad para el Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Alta Consejería para el Posconflicto, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura. Solo este último respondió: “Sí se tiene contemplada una reforma rural. Todo se está evaluando, y será con una propuesta que recoja los pilares del presidente Duque: equidad, legalidad y emprendimiento”.
En sus propuestas de campaña, el mandatario habló de un enfoque dirigido a la provisión de bienes públicos, pues prometió invertir el 50 % del presupuesto del agro en distritos de riego, vías e infraestructura digital, potenciándolo con alianzas público privados.
En lo que coinciden analistas consultados es que el Centro Democrático, partido del que procede el presidente Duque, no está de acuerdo con la reforma rural, al considerarla expropiatoria, y tampoco con la restitución de tierras a las víctimas del conflicto, sobre todo en lo concerniente al manejo de los nuevos propietarios de los predios. Incluso una reciente inciativa de la senadora María Fernanda Cabal busca aumentar las garantías de los opositores al proceso de restitución.
No obstante, la presión de los empresarios puede hacer que el Gobierno se mueva en esa dirección. “Hemos clamado por la importancia de sacar adelante la ley de tierras, porque hay conceptos claros que dan garantía de seguridad jurídica”, señaló Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien consideró que buena parte del punto uno es necesaria: “hay muchos aspectos de la reforma rural que son naturales como vías, fortalecimiento del crédito, riego, salud, educación, que son independientes del Acuerdo”.
El gremialista indicó que el gobierno anterior dejó listos los criterios para definir la frontera agrícola. En Colombia podría llegar a 40 millones de hectáreas, así que “espacio hay, faltan las vías y el crédito, el problema no se resuelve solo dando tierra, hay que poner a producirla”.
Y según Reyes, si la presión empresarial no es suficiente, tendrá que serla la de los campesinos, que no estarán de acuerdo con vivir a punta de promesas rotas.
Blog publicado originalmente en El Colombiano